La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) manifestó ayer que están totalmente de acuerdo en cumplir la Ley de Lavado de Dinero y Activos, pero no comparten las acciones de aquel empresario que por alguna razón no la cumple.
La normativa, aprobada en julio de 2013, ha sufrido, en promedio, cinco reformas, entre diciembre de ese año y agosto de 2014, dentro de las cuales se incluyen actividades y profesiones que antes no eran “sujetos obligados”, es decir aquella institución pública o privada que ejerce el comercio, industria o servicio y que el Estado considera que puede inconscientemente, por la delincuencia, lavar fondos.
Cuando la Ley se creó en 1998, dentro de los “sujetos obligados”, únicamente figuraban empresas relacionadas con el quehacer financiero, seguros y del mercado bursátil, entre otros relacionados.
La reforma realizada impacta de manera directa al sector comercial, industrial y de servicios, quienes deben cumplir el capítulo tercero de la Ley que exige a las empresas tener políticas para conocer al cliente y a los empleados, para identificar operaciones sospechosas, operaciones en efectivo y procedimientos para reportar operaciones en efectivo y sospechosas a la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía General de la República, mencionó el asesor José Monroy.
Además las entidades públicas o privadas, financieras o no, tienen la obligación de poseer una Unidad de Cumplimiento y un Oficial de Cumplimiento, Monroy agrega que la Ley no deja claro quienes deben contar con dicho oficial y qué empresas no.
En cuanto a los vacíos que dejan las reformas de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, el asesor Milton Avilés menciona que no se han definido tamaños de empresas que son sujetas al cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas.
“Dentro de la Ley se incluye que se establezcan sistemas informáticos para la identificación de operaciones sospechosas, no todo mundo puede tenerlo; sin embargo, no se definen tamaños para las empresas que pudiesen obviar este requisito”, dijo Avilés.
La normativa también establece obligaciones para la auditoría interna, no todas las empresas poseen este proceso, con cargos adicionales para el auditor y el negocio.
Además se requiere un reporte de transacciones a partir de los $10,000 y establecer un programa de capacitación constante en la prevención del lavado de dinero.
Más costos para el sector
La puesta en marcha de las nuevas obligaciones del sector empresarial los obliga a invertir en asesoría y capacitaciones, elevando los costos de operación de la empresa.
“Siempre hemos señalado que hay una cantidad de legislación que trae costos adicionales para las empresas y eso se debería valorar al momento de emitir las leyes, pero, en este caso, tenemos que ver cómo ser más eficiente en el manejo de las empresas”, señaló Jorge Arriaza, director ejecutivos de la ASI.
Agregó que los empresarios están conscientes de que deben hacer mayores inversiones, pero esto también puede ayudar a mejorar y ordenar financieramente las empresas.
“El tema de lavado de dinero está en la agenda mundial y, por lo tanto, el sector privado debe ser el primero en cumplir debidamente estas disposiciones, para tener más transparencia y para beneficio de las mismas empresas”, apuntó Arriaza.
Para aclarar mayores dudas en el sector, la Asociación Salvadoreña de Industriales realizará un foro informativo el próximo 3 de diciembre.