El Gobierno gestiona, desde mayo de este año, un financiamiento por $200 mil con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en cooperación técnica, que servirá para el diseño de una propuesta de reforma al sistema de pensiones, con miras a determinar la factibilidad de un sistema mixto (público y privado).
De acuerdo con los datos publicados en la página web del banco, el proyecto de financiamiento todavía está en etapa de preparación, por lo que aún tendría que ser aprobado para su posterior ejecución.
Sin embargo, en su ficha técnica, se pretendía que el desembolso de este dinero se ejecutara entre septiembre de este año y marzo de 2017.
El proyecto define un presupuesto de $120 mil para la contratación de consultores individuales que diseñen la propuesta de reforma a la política pública actual.
“La CT (Cooperación Técnica) evaluará opciones de políticas económicas disponibles, en la región, que puedan ser implementadas en El Salvador. Tal como lo propone la estrategia contemplada en el Programa de Gobierno, se llevarán a cabo los estudios/diagnósticos que logren hacer la propuesta y la factibilidad hacia la construcción de un sistema mixto que combine los diversos pilares existentes”, reza uno de los apartados de la descripción del proyecto.
Otros $71 mil serían utilizados para “socialización/comunicación”, es decir, para divulgar el proyecto, pues de acuerdo con el documento, “el tema pensional en El Salvador es muy sensible políticamente y sería muy difícil llevar a cabo una reforma en la próxima administración, si no va precedida de una intensa campaña educativa nacional para que los salvadoreños entiendan la gravedad de la situación y la urgencia de enfrentarla, así como desmitificar algunas percepciones ilusorias”, expone el documento.
Estudio tripartito
El Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero ya hicieron, por su lado, un primer estudio sobre el sistema de pensiones y tres posibles escenarios que podrían aplicarse.
Uno de esos escenarios es regresar al sistema de reparto en el que el Estado paga todas las pensiones; el segundo, modificar el sistema actual de capitalización que manejan, hoy día, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, el tercero, implementar un “sistema multipilar” que combine los dos sistemas anteriores, es decir, un sistema mixto.
La deuda de pensiones que ha acumulado el Gobierno ha crecido tanto que para sus funcionarios ya no basta con hacer reformas por un lado o por el otro.
Según indicó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, a un grupo de políticos, el lunes pasado, el país necesitaría diseñar un nuevo sistema de pensiones, que no solo aumente los años de jubilación, sino, además, que se cree un mecanismo con el que se pueda pagar a los actuales pensionados sin afectar a los futuros beneficiarios. “Queremos que todos tengan una pensión digna”, manifestó.
De acuerdo con las cifras oficiales, el Gobierno salvadoreño paga, cada año, un promedio de $400 millones a los pensionados del sistema público (ISSS e Inpep) con fondos de los jóvenes que hoy cotizan al sistema privado, pero a los cuales se les pagan bajas tasas de interés.