La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró, a través de un comunicado, que la sentencia emitida anteriormente respecto a Equifax (Dicom) no significaba una orden para que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) denegara la autorización a dicha sociedad para operar como agencia de información de datos sobre historial crediticio.
La Sala respondió así a un recurso de aclaración que fue solicitado por la empresa Equifax. Esta tenía como fin aclarar la forma en que se debía cumplir la sentencia para depurar la base de datos crediticia y, además, solicitar la suspensión del proceso de cierre que ordenó la SSF a finales de octubre.
El documento publicado, sin embargo, solo se extiende en uno de los puntos. El proceso de cierre contra Equifax no está relacionado a la resolución que publicó la Sala de lo Constitucional en octubre. “Se aclara que no se le ordenó a la Superintendencia del Sistema Financiero que denegara la autorización a dicha sociedad para operar como agencia de información de datos sobre historial crediticio”, reza el comunicado.
Por otro lado, el magistrado Rodolfo González dijo con anterioridad a El Diario de Hoy que la resolución no contemplaba que Dicom debía entregar su base de datos crediticia a la Superintendencia. “Ese no era el tema que se estaba discutiendo”, explicó.
Aunque la respuesta que la Corte publicó este lunes no hace referencia directa a la custodia de dicha base de datos, insiste en que “la única comisión encomendada a la Superintendencia del Sistema Financiero es la de supervisar la depuración o eliminación de la base de datos… respecto de las personas que no hubieran dado su consentimiento”.
De esta forma la Sala de lo Constitucional insiste en que el actuar de la Superintendencia es un procedimiento diferente e independiente al que se ordenó.
Ya que el proceso no es de jurisdicción constitucional, los magistrados declararon improcedente la petición de suspender la orden de cierre pues “fue adoptada dentro de un trámite independiente”.
Representantes de Equifax habían señalado que la SSF estaba violando el debido proceso al establecer períodos muy cortos para cumplir la resolución de la Sala de lo Constitucional y no definir una forma para verificar la autorización de cada persona en la base de datos.
Los magistrados constitucionalistas no se pronunciaron sobre el proceso de cumplimiento. Recordaron que la misma resolución otorgaba a la SSF el papel de supervisar el cumplimiento. El mecanismo para depurar la base de datos y los plazos para hacerlo, también son parte de las atribuciones de la Superintendencia.
Aún así, la Corte comentó que las instituciones relacionadas a la Ley de Regulación de Servicios de Información sobre Historial Crediticio deben cumplir con la constitución y las normativas secundarias.
Reacción de Dicom
Aunque la aclaración de la CSJ no influye en el proceso de cierre, la empresa Dicom (Equifax) expresó estar complacida por la respuesta.
En un comunicado publicado en horas de la tarde, Equifax resaltó que el papel de la SSF es solo de supervisar la depuración de la base de datos, “debiendo la Superintendencia trabajar con Equifax en un plan y dar un tiempo prudencial”.
El comunicado cierra con un llamado a que el Gobierno considere la decisión de cierre y les permita seguir operando. Por otro lado, Equifax insistió en que la depuración de la base de datos y la verificación de autorización de las personas es un requisito que todas las agencias de información deben cumplir.
Este último punto está relacionado a la reciente autorización que la Superintendencia otorgó a tres agencias de información: Infored, Procrédito y TransUnion. Representantes de Equifax han expresado antes que llama la atención que otras empresas sí hayan cumplido las órdenes de la Sala de lo Constitucional en corto tiempo, considerando la cantidad de registros a depurar.