EE. UU. destinará $5,000 Mlls. a Plan de Prosperidad de C.A.

b Buscarán combatir corrupción y crimen organizado

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Roberta Jacobson, secretaria de Estado Adjunta de EE. UU. para América Latina. Foto EDH

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2014-11-18 8:00:00

WASHINGTON. El Gobierno de Estados Unidos calcula que necesitará gastar unos $5,000 millones a lo largo de cinco años para implementar su estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad y la seguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica, indicó ayer la secretaria de Estado adjunta de EE. UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson.

La funcionaria reveló esa cifra durante una audiencia ante el subcomité para Latinoamérica del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., en la que pidió aumentar los recursos para El Salvador, Guatemala y Honduras para reducir la migración a su país. “Calculamos que podría costar $5,000 millones a lo largo de cinco años implementar completamente esta estrategia”, dijo Jacobson.

La estrategia estadounidense se basará en la promoción de la prosperidad para hacer que el norte de Centroamérica “sea más atractivo para los inversores internacionales y el crecimiento económico alcance a todos”, e impulsar la gobernanza y la seguridad.

Asimismo, destacó la necesidad de combatir “la corrupción, el crimen organizado y el nepotismo político” que afectan a “los ciudadanos, los negocios y los Gobiernos” en Centroamérica y de seguir potenciando la seguridad.

EE. UU. confía en apoyar de ese modo el “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte”, elaborado conjuntamente por Honduras, El Salvador y Guatemala. El Congreso no ha aprobado aún la solicitud de $300 millones para el Triángulo Norte de Centroamérica que le hizo el Gobierno de EE. UU. hace meses, a raíz de la llegada masiva al país de menores no acompañados procedentes de esa región.

En la audiencia, varios congresistas republicanos cuestionaron el programa anunciado el pasado viernes, por el que Estados Unidos permitirá a los menores de El Salvador, Guatemala y Honduras que tengan un familiar legal en el país norteamericano solicitar refugio en ese territorio desde oficinas situadas en su país de origen. Dichos congresistas expresaron su preocupación de que ese programa viole las leyes de inmigración estadounidenses y pueda “incentivar” a más centroamericanos a abandonar su país.

Según Jacobson, el programa no empezará a implementarse hasta diciembre y su impacto se evaluará “probablemente hasta finales de 2015”.

Catherine Wiesner, una funcionaria de la Oficina de Refugiados y Migración del Departamento de Estado, detalló que, aunque en este programa no hay un límite particular de menores que pueden recibir refugio, EE. UU. solo puede acoger 4,000 refugiados de Latinoamérica y el Caribe este año fiscal. —EFE