El Gobierno está buscando la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacer un estudio que vea la factibilidad de un sistema de pensiones mixto, que combinaría el sistema de pensiones público (ISSS e Inpep) y privado (AFP).
Sin embargo, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) René Novellino, señaló ayer que en todos los estudios que se han hecho en el país se demuestra que cualquier reversión total o parcial del sistema de reparto, siempre generará un gasto estatal que tendrá que financiarse de algún modo y que aumentará el déficit fiscal del país.
“Lo que nuestros estudios nos muestran es que cualquier apertura total o parcial del sistema anterior (público o de reparto) significa que el Estado va a tener que sacar recursos de otro lado para pagar esas pensiones. Entonces hay que analizar técnicamente cuánto costaría eso y de dónde van a sacar la plata para pagarlo”, señaló.
Según la ficha técnica del financiamiento de $200,000 que daría el BID “se llevarán a cabo los estudios/diagnósticos que logren hacer la propuesta y la factibilidad hacia la construcción de un sistema mixto que combine los diversos pilares existentes”, tal como lo propone la Estrategia contemplada en el Programa de Gobierno.
De hecho el sistema mixto es una de las tres opciones que plantea un diagnóstico elaborado por el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero, pero que nunca se formalizó entre las instituciones.
El estudio solo fue presentado a algunos diputados en la Asamblea Legislativa de forma privada y nunca se hizo público a través de los medios.
Este diagnóstico también propone reformar el sistema de pensiones actual o regresar al sistema público, además de otras medidas como elevar los años de jubilación y la tasa de cotización de los empleados.
Según Novellino, es bienvenido hacer un nuevo estudio sobre las pensiones, pero éste debe abarcar todas las opciones posibles. Esto, a pesar de que en el país ya se han hecho varios estudios que muestran las condiciones del sistema y que coinciden en las posibles soluciones.
“Desde nuestra perspectiva, el diagnóstico debe analizar el mayor abanico posible de opciones y no tener como objetivo validar una opción predeterminada sino más bien evaluar pros y contras y cuantificar lo que significa hacer la opción A, B o C”, dijo el representante de las Administradoras de Pensiones.
Novellino recordó que el sistema anterior le generó al Estado una deuda que a la fecha suma más de $16,000 millones debido a los amplios beneficios que se dio a los jubilados a pesar de que sus cotizaciones eran muy bajas.
Regresar totalmente a un sistema de reparto implicaría que las cotizaciones de todos los trabajadores irían al Fondo General de la Nación de donde el Gobierno toma el dinero para todos sus gastos estatales y, por ende, el pago de las pensiones estaría a cargo del Estado, como lo fue en el pasado, cuando el ISSS y el Inpep pagaban a los jubilados.
Pero para el dirigente sindical, Ricardo Soriano, regresar a un sistema de reparto sería un grave peligro pues duda de que el Gobierno tenga la capacidad de pagar pensiones si ahora no tiene dinero para pagar siquiera los subsidios o a sus proveedores.
El viejo sistema se quedó sin reservas en 2002, por lo que a partir de ese año, el Gobierno tuvo que asumir ese costo desde su presupuesto anual.
Cada año el Gobierno destina en promedio $400 millones para pagar las pensiones a los jubilados de hoy.
En teoría, el Gobierno tendría que sacar ese dinero de su presupuesto y financiarlo a través de sus ingresos corrientes. Pero no lo ha hecho así.
A partir de 2006 reformó la ley para poder prestarle dinero a los cotizantes de las AFP y con sus fondos, pagarle la pensión a los jubilados del ISSS e Inpep, una medida que ya está perjudicando a la rentabilidad de los futuros pensionados.
En el nuevo sistema, cada cotizante se pensionará de acuerdo a lo que haya ahorrado en su cuenta individual y lo que haya ganado en rentabilidad por invertir su dinero en instrumentos financieros.
Por su parte, María Elena Rivera, coordinadora del Programa de Estudios sobre Políticas Públicas de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo) señaló que si bien es cierto, un nuevo diagnóstico sobre el tema es positivo para el país, lo importante es que se analicen todas las opciones y que su resultado sea producto de un consenso entre los principales actores que representen a los principales sectores de la sociedad.
“Yo evalúo como positivo una opción que pueda llevarse a cabo, sin embargo, considero que es necesario conocer todas las opciones y no decantarse de buenas a primeras por una. Esta elección debe venir de un diálogo social para que se tome una decisión consensuada y que tenga legitimidad política”, señaló la experta en el tema.
Y si bien Fundaungo no ha hecho estimaciones de los tres escenarios posibles, sí ha proyectado significativas repercusiones si no se hiciera ninguna reforma al sistema actual.
De acuerdo con Rivera, si el sistema de pensiones sigue así como está (con un alto grado de concentración de los fondos invertidos en instrumentos estatales y una baja rentabilidad de las cotizaciones) los salvadoreños podrían dejar de ganar hasta un 25 % en sus cuentas individuales.
Retraso de la discusión
La discusión de reformas al sistema de pensiones se ha retrasado por varios años. El diagnóstico elaborado por el gabinete económico ni siquiera ha sido presentado a las autoridades de manera formal y las elecciones presidenciales, y ahora las legislativas y municipales, lo han retrasado más.
Sin embargo para Rómel Rodríguez, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), es necesario que se establezcan desde ya los consensos para aplicar las reformas. “En la medida que se posterguen las reformas de pensiones, éstas serán más duras”, señaló.
Por su parte, Luz María Serpas de Portillo, de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) indicó que este es el momento idóneo para hacer las reformas pues el país tiene “bono demográfico”, es decir, que los jóvenes son más que las personas adultas mayores, por lo que se puede aprovechar su potencial para que los fondos aumenten y generen más dinero.
Pero a medida que se llegue a 2050, el número de adultos mayores subirá y se necesitarán de más recursos para mantener la calidad de vida de estas personas.