La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) cuestionó ayer al Gobierno por presentar un presupuesto para 2015 desfinanciado, en el que se subestiman los ingresos tributarios así como los gastos.
Para el caso, la gremial empresarial afirma que el presupuesto del próximo año no incluye gastos públicos por alrededor de $820 millones.
La Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto por $4,823 millones, pero cuando se observa la partida de gastos y concesiones netas de préstamos elaborado por el Banco Central de Reserva, que refleja lo que va a ejecutar, se visualizan $5,643 millones, por lo que hay un desajuste de $820 millones.
“En otras palabras, los presupuestos aprobados esconden gastos que posteriormente son incluidos por el Gobierno”, reveló la gremial.
Igual pasó con el presupuesto de 2014, en el que se presupuestaron $4,680 millones en gastos, y se gastaron $524 millones adicionales.
Pero la historia no para allí. Lo mismo sucede con las proyecciones de recaudación.
El fisco se basa en las proyecciones de crecimiento económico y de las exportaciones para proyectar la recaudación de impuestos, que según ANEP, otra vez se ha sobreestimado, sobre todo al analizar el comportamiento económico que reportan los datos oficiales en los últimos meses. Con suerte, dice la gremial empresarial, El Salvador crecerá 1 % este año.
Para 2015, el Gobierno planea ingresos por $4,311 millones, pero a juicio de la cúpula empresarial, se han sobreestimado los ingresos tributarios por $380 millones.
El presidente de la ANEP, Jorge Daboub, manifestó que la gente bien podría decir: “‘Bueno y el presupuesto que tanta importancia tiene’, pero una gran cantidad de los problemas que tenemos en el país se van dando en el año por lo que tenemos mal presupuestado”.
Ejemplificó que eso es como una empresa, pues si se tiene un mal presupuesto, se arruinarán los camiones y no se tendrá como repararlos, o no se podrá pagar a la gente y habrá que despedirla. “No hay forma de sacar adelante a una empresa o a un país sin un buen presupuesto”.
Recordó que a diario se reporta que no hay medicinas en los hospitales y lo que el Gobierno está haciendo es contratar 1,500 empleados más, o sea más gasto público, sin que esto signifique mejores servicios ni reducción de la pobreza”.
Presupuesto crearía más deuda y alza impuestos
Los representantes de los empresarios sostienen que de ser aprobado el proyecto de presupuesto así como se ha planteado, tendría varios efectos adversos en la economía.
Uno de estos es que los recursos del Gobierno, al contar con un presupuesto desfinanciado, se agotarían en septiembre de 2015, y el último trimestre ya no tendría financiamiento.
También generaría menos inversión pública para proyectos de saneamiento, electrificación, caminos, escuelas y hospitales, entre otros.
Por otro lado, el Gobierno dejaría de atender programas sociales, incluyendo el atraso en el pago de los subsidios.
Al tener un plan de gastos desfinanciados, el Estado además pondría en riesgo los salarios de los empleados públicos o estos se atrasarían y, finalmente, podría haber un desabastecimiento en las entidades públicas por la falta de pago a los proveedores.
Analizan un recurso de inconstitucionalidad
Jorge Daboub apuntó que si el presupuesto se aprueba desfinanciado, así como está, analizarían “la posibilidad de poner una demanda de inconstitucionalidad, así como a la emisión de Letras del Tesoro (Letes)”.
Afirmó que cuando se aprueba un presupuesto, que se sabe que está desequilibrado, se está rompiendo un principio constitucional plasmado en el art. 126.
Asimismo, indicó que se está abusando de la colocación de Letes, pues según la legislación, estas solo servirán para cubrir momentáneamente la falta de recursos si el país no está recaudando suficientes impuestos. Acá, criticó, “si se están recaudando los recursos, el problema es que se está haciendo mal uso de ellos, por lo que lo consideraríamos (la demanda) si no se le hacen modificaciones sensatas”.
Para el asesor legal de ANEP, Javier Argueta, existen antecedentes jurídicos que le dan control sobre el presupuesto, tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa.
La sentencia 1-2010 de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los gastos imprevistos, y la 15-2011 reafirmó esa inconstitucionalidad.
Argueta dijo que existe el principio de publicidad y transparencia en el presupuesto, que podría ser vulnerado en caso de que se apruebe así como se ha presentado.
“Esto es que si el Ejecutivo envía presupuestos que no son reales, está haciendo fraudes a los electores”. La ley obliga al ministro de Hacienda a presentar un plan de gastos equilibrado. Según el principio de especificidad, el Ejecutivo debe especificar las partidas presupuestarias, en relación a los ingresos como a los gastos que se prevé ejecutar.
El ministro se defiende
Sobre las críticas de ANEP, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, justificó que el Gobierno ha enviado un presupuesto equilibrado a la Asamblea, tal como lo ordena la Constitución. “No pudiéramos haber mandado un presupuesto que no ordena la Constitución, que viniera desbalanceado”.
El funcionario apuntó que se ha tenido una rigurosa evaluación de los ingresos y de los gastos. “No me extraña que tanto Fusades como ANEP… digan que el presupuesto está desbalanceado, tengo cinco años y siempre dicen que está desbalanceado y siempre viene balanceado”.
Cáceres cree que no hay buena fe en decir que hay cosas que quedan fuera, y dijo que había que entender que las finanzas públicas no solo son el presupuesto. “Lo que puedo decir es que sí está balanceado y lo que la ley manda está dentro del presupuesto. Lo que la ley no mandata no está dentro del presupuesto”, concluyó.