Técnicos financieros e informáticos de la Superintendencia del Sistema Financiero iniciaron desde ayer una auditoría en el buró crediticio Dicom (Equifax) para constatar que la compañía está depurando la base de datos de los clientes bancarios que no han dado su autorización, tal como se lo pidió la Corte Suprema de Justicia hace una semana.
La intendenta de Bancos Cooperativos y otras Entidades Financieras, Silvia Arias, explicó que los técnicos revisarán si la base de datos de este buró es compatible con las personas que han dado su autorización en los bancos, cuando han suscrito préstamos o adquirido otro producto financiero.
De encontrarse información de personas que no han autorizado la divulgación de sus datos personales, la empresa podría hacerse acreedora de multas administrativas que podrían variar dependiendo de las infracciones que la compañía haya cometido.
La inspección de la SSF no tiene un plazo definido para realizarse y, según Arias, durará lo suficiente como para verificar que la compañía está cumpliendo la sentencia de la CSJ.
Esta resolución, emitida el 21 de octubre por la Sala de lo Constitucional, establece que Equifax no debe divulgar ni comercializar datos crediticios de personas que no hayan dado su autorización.
Arias explicó que, de acuerdo a la ley, Equifax debería tener en su poder solo la información de personas que, con su total consentimiento, han dado autorización al banco para que se compartan sus datos con otros bancos o burós de créditos.
“Hay que saber qué firmamos y darle la lectura debida. Nosotros somos los primeros que debemos proteger nuestros datos”, dijo la funcionaria.
En esto Arias manifestó que lo ideal sería que los bancos le entregaran al cliente un documento aparte para la autorización de la difusión de sus datos crediticios y que éste no tiene que estar amarrado al contrato del producto que quiere obtener (préstamos, tarjetas de crédito, etc.).
Equifax, por su parte, comunicó a SSF que está en la total disposición de ser auditado.