La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició ayer el análisis de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Operaciones Financieras (LIOF). El documento argumenta que la ley violenta el derecho a la equidad fiscal y a la libertad económica. Con estas lecturas y análisis los magistrados de la Sala decidirán si la demanda es admitida e inicia un juicio formal.
Dicha ley forma parte del paquetazo fiscal aprobado por FMLN y GANA que entró en vigencia el 1 de septiembre.
El recurso fue presentado por Carlos Alfredo Ramos Contreras, el 25 de agosto. El abogado solicitó “que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3, 4 letra G parte segunda, 6, 8 y 10, de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras”.
Los mencionados artículos establecen el impuesto de 0.25% por las transacciones que sobrepasen los $1,000, el de 0.25% por las transacciones que al final de cada mes sobrepasen los $5,000. Además define cuáles son las operaciones a las que se cobrará estos impuestos y el papel de las instituciones financieras (bancos, cooperativas, cajas de crédito) para cobrarlo.
Los principales argumentos son que los artículos violan la capacidad económica, pues el Gobierno debe decretar impuestos sobre bienes, ingresos y servicios en relación equitativa. Señala que violan la progresividad tributaria, es decir la incidencia equitativa de los impuestos en las personas con menor capacidad de pagar. Por último, afectan al derecho de propiedad, según el cual toda persona tiene derecho de gozar de propiedad privada.
El abogado además señaló que estos artículos son de carácter confiscatorio porque destruyen el patrimonio (ahorros y propiedades) de los ciudadanos.
Respecto al artículo 6 en particular, que delega a las instituciones financieras la responsabilidad de cobrar los impuestos, Ramos alega que también viola el derecho a la propiedad, la libertad económica y tiene carácter de apropiación o confiscatorio.
Según explica el documento, violenta la libertad económica pues interviene en la iniciativa privada. Además obliga a los bancos a desviar recursos que podrían ser productivos, y al mismo tiempo realiza una actividad que corresponde al Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, el artículo 6 obliga a convertirse en agentes de retención de estos impuestos, algo que no se encuentra dentro de la naturaleza de los bancos, sin reconocer remuneración a los empleados por dicho servicio.
Durante todo el documento, el abogado que presentó el recurso argumenta que la ley atenta contra el principio de equidad fiscal. Este consiste en decretar impuestos que sean generales pero que, al mismo tiempo, no impidan al ciudadano disfrutar de sus ahorros o beneficiarse de su trabajo.
Este recurso, presentado a la CSJ el 25 de agosto, fue el primero en contra del paquetazo fiscal aprobado por el FMLN y GANA.
Procesos en contra del “madrugón”
Paralelo a las primeras lecturas de este recurso, la Sala de lo Constitucional ya admitió a mediados de septiembre otro recursos en contra del paquetazo tributario aprobado durante un madrugó.
Según un comunicado que la Sala publicó el 19 de septiembre, el recurso que se admitió no es en contra de la Ley de Operaciones Financieras. La nota menciona que es un recurso de inconstitucionalidad contra la manera en que los nuevos impuestos fueron aprobados.
Los magistrados de la Sala reconocieron que dicho recurso identifica anomalías en el proceso de creación de la ley, entre ellas el que se utilizara la dispensa de trámite y que, en medio de la sesión plenaria, se introdujo un proyecto de ley distinto al que la comisión de hacienda analizó semanas atrás.
La Ley de Operaciones Financieras fue aprobada con un madrugón legislativo durante la sesión plenaria del jueves 31 de julio.
El paquete tributario fue presentado por la administración del expresidente Mauricio Funes.
Las autoridades de dicho gobierno expresaron que la reforma fiscal, que incluía también un impuesto predial, lograría recaudar cerca de $200 millones.
Sin embargo, en agosto el presidente Salvador Sánchez Cerén reconoció que solo sería posible recolectar $25 millones, considerando que solo se aprobó una parte del paquete y que se aprobó a meses de finalizar 2014.