La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió ayer una segunda demanda en contra de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, la cual fue aprobada en un madrugón legislativo el pasado julio con votos de FMLN y GANA.
De acuerdo con la Sala, el demandante Carlos Ramos Contreras establece una contradicción entre la base legal de los nuevos impuestos, la capacidad contributiva y la equidad financiera de los afectados.
El promotor del proceso argumenta que los impuestos a las operaciones mayores a $1,000 y a las acumuladas mensuales arriba de $5,000 no permiten al ciudadano disfrutar de sus ahorros y retribuciones de su trabajo.
La Sala aceptó el argumento de que los nuevos impuestos no demuestran riqueza disponible al momento de hacer un cobro.
De acuerdo con el demandante, las transferencias no representan riqueza porque son una fuente de generación, o instrumento, para la actividad productiva. En otras palabras, se estaría cobrando impuesto al flujo de dinero en lugar de a las ganancias que dicha transacción produzca.
El abogado solicitó que se declaren inconstitucionales tales disposiciones.