Para aclarar algunas dudas que la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dejado al ordenar a la empresa Equifax, conocida como Dicom, borrar todo el historial crediticio de las personas que no han autorizado su comercialización por parte de esa firma, los diputados dicen que tendrán que hacer una legislación especial.
En lo anterior coincidieron los diputados de GANA, Francisco Zablah y Guillermo Gallegos; así como Mario Ponce y Francisco Merino, del PCN; Mariella Peña Pinto, de ARENA; y Arnoldo Marín, del PDC.
“Creemos que ahora que se ha dado esta resolución de la Sala, debería de legislarse más completamente, hay estudios de hace 15 años que comenzaban todo este aspecto de manejo de información reservada de las personas a través de mecanismos electrónicos y eso nunca se ha podido regular poniéndolo acorde a los principios constitucionales. Toda persona tiene derecho a su honor y vida privada y se ha visto vulnerado a través de todo el desarrollo tecnológico, hay que actualizar leyes, la legislatura tiene que ser dinámica”, razonó Francisco Merino, del PCN.
Guillermo Gallegos expresó que la sentencia ya les ordena, como diputados, legislar sobre el tema y que les menciona en que normativa se deberá realizar.
En la resolución de la CSJ mandata a la Asamblea a dar cumplimiento a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas, aprobado en 2011.
Y es que una de las interrogantes que surgen tras el fallo es que algunas entidades financieras o comerciales podrían obligar a sus clientes a firmar la autorización de publicar sus datos para ser sujetos del crédito solicitado.
“Eso debe ser ilegal, eso debe ser inconstitucional porque nadie puede obligar a alguien a autorizar que me publiquen mis datos, eso debería de revisarlo la Sala”, aseveró Gallegos.
Mariella Peña Pinto, de ARENA, expresó que la Asamblea tendrá que legislar al respecto y especificó que eso será una tarea que le corresponderá a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.