Cada una de las compras o pagos que se realicen por medio de una tarjeta de crédito (por insignificantes que parezcan), así como las transferencias de dinero a familiares, tendrán que pagar el gravamen de 0.25 %, pese a que la Ley de impuesto a las operaciones financieras indique lo contrario, han advertido especialistas tributarios.
En el caso de las transacciones realizadas con tarjeta de crédito, aunque en la referida ley, en el artículo 4, literal c, señala que los pagos realizados por este medio estarán exentos de retención, de acuerdo con el consultor tributario de Portal & Asociados, Maximiliano Mojica, la realidad es que, cada una de las transferencias realizadas con esta será tasada con el gravamen.
Aunque el usuario no lo perciba al momento de realizar la transacción, esta se verá reflejada, por ejemplo, en el estado de cuenta cada mes.
En el caso de que una persona realice una compra con la tarjeta de crédito (aunque sea por un valor de $25), la entidad financiera que emitió la tarjeta deberá liquidarle al comercio por el total de todas las compras que realizaron sus clientes por este medio.
Pero cuando la banca emite el pago a estas empresas, no lo hace por pequeñas cantidades, sino por valores arriba de $1,000, lo cual le generará un impuesto de 0.25 % que debe agregar a su pago.
Este impuesto no podrá asumirlo la banca y deberá trasladarlo al usuario de la tarjeta de crédito a través de intereses o vía comisión.
“El impuesto alguien lo paga y lo van pagar los bancos, y al momento que los bancos paguen, se lo van a cobrar al usuario”, advirtió Mojica.
De la misma manera, las remesas que se realicen de manera local deberán pagar impuestos, apuntó el consultor tributario. “Al emitir (por ejemplo) un cheque a su esposa, no se está realizando ninguna transacción, no está comprándole nada a su esposa, está emitiendo un cheque para que ella lo cambie, vaya al súper, pague recibos. Pero ese traslado de capital a su esposa estará gravado con el impuesto, a pesar de que no estamos sacándolo de un contexto de propiedad de un grupo familiar. Si las remesas familiares están exentas, ¿porqué van a estar gravadas las entregas de dinero local de un pariente a otro?”, cuestionó Mojica.
Pero además del impuesto de 0.25 % que las entidades bancarias deberán retener, el experto en la materia apuntó que el Estado debe analizar sobre el costo oculto de los impuestos.
Ya que este tendrá por un lado el costo visible (que es el 0.25 %), pero también, está lo que no se ve, que es el cargo administrativo o el costo administrativo que la entidad financiera deberá asumir y trasladar.
“Por parte de la banca tiene que tener un control adecuado sobre la retención. De no retener cuando no debe, debe abrir cuentas especiales para las operaciones que no están gravadas y un sinfín de cosas que no se perciben a simple vista de la ley, usted se dará cuenta que el costo de la implementación del impuesto no guarda relación con los beneficios de recaudación”, advirtió el consultor.
Leyes incomprensibles
La mala redacción de las nuevas leyes tributarias, de acuerdo con Maximiliano Mojica, llevará a serias confusiones y a retenerles más impuestos a los salvadoreños de los que se estipulan.
“Ni los diputados tienen claridad sobre estos impuestos”, apuntó el experto.
Prueba de ello, según lo ilustra, es que algunos de los parlamentarios aún creen que la retención del 0.25 % se cobrará al valor que está arriba de los mil dólares, y que esta cantidad constituye una base exenta, cuando la ley no lo especifica de esta manera.
La mala señal que dio el gobierno al cargar con más impuestos a la población, tendrá repercusiones en la frágil economía del país, advirtió el consultor tributario.
“El Estado se tuvo que haber preguntado si era el momento adecuado para lanzar un impuesto, ya que la economía estaba lenta, ya estaba experimentando una recesión, no era un momento adecuado para decirles a los diversos sectores que venía una nueva carga fiscal”, concluyó el asesor.