La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) anunció a través de su presidente, Jorge Daboub, que evalúa la posibilidad de interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el paquete de reformas aprobada durante el “madrugón” legislativo de esta semana.
El abogado Francisco Bertrand Galindo expresó que hay opciones que se pueden analizar de cara a esta posible demanda, la primera de ellas relacionada al proceso que se efectuó. “Creo recordar que hay una o dos sentencias de la Sala que hablan de que es un requisito que sean debidamente discutidos los decretos”, expresó.
Considerando el punto que señaló el jurista, la inconstitucionalidad podría plantearse, ya que la reforma fue introducida a altas horas de la noche en la Asamblea Legislativa y con dispensa de trámites.
Además, varios diputados de la fracción de ARENA denunciaron que solo tuvieron 10 minutos para conocer la nueva redacción de las reformas.
El otro aspecto que según Bertrand Galindo se puede explorar es una disfuncionalidad en el pago mínimo del 1 % sobre los activos. “Es un impuesto que no tiene un hecho generador”, comentó.
“Es un impuesto de renta pero la base de cálculos está sobre los activos. Hay una disfuncionalidad entre la renta, basada en la utilidad o en los ingresos recibidos y el 1 % sobre los activos… Los impuestos tienen que tener una causal bien definida. Acá no hay una causalidad clara en este impuesto”, explicó.
Por último, el abogado opinó que debió realizarse una mayor discusión y análisis. Esto en referencia a que el texto aprobado en la madrugada del jueves es distinto a la propuesta de reforma fiscal que se presentó durante la administración de Mauricio Funes.
Adverso al desarrollo
El economista Rigoberto Monge sostiene que los nuevos impuestos aprobados esta semana generarán un entorno adverso al desarrollo económico.
El impuesto a las transacciones financieras causará una gran presión que reducirá el desempeño de la economía y afectará la tasa de crecimiento de 3 % en el Producto Interno Bruto que se ha propuesto como meta el actual gobierno. “(Este año) en mi opinión va a estar entre 1.5 % y 1.7 % del PIB. Bastante grande el descenso si consideramos que la economía ha venido presentando pérdida de dinamismo por diversos factores. Ahora se agrega el impacto tributario”, explicó Monge.
La consecuencia más visible será el aumento de los precios en varios productos como parte de un efecto cascada, es decir, que las empresas grandes, medianas y pequeñas y micro trasladarán los nuevos costos al consumidor.
Sobre este punto Rigoberto Monge dijo que el efecto será percibido en un plazo de un mes, según la velocidad con la cual se realicen las transacciones. Es decir, un precio al consumidor final subiría según empiece a cobrarse el impuesto al productor, al distribuidor y al minorista.
“El mayor impacto lo vamos a tener en 2015”, especificó Monge. El próximo año se manifestarían de lleno estos efectos ya que estamos al octavo mes de 2014 y aún falta la firma del Presidente de la República para que los impuestos entren en vigencia.
Impacto financiero
El impuesto a las transacciones también crea un nuevo costo en las gestiones de entidades financieras como bancos, cooperativas, cajas de crédito, etc. Al respecto, Marcela de Jiménez, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), mencionó al El Diario de Hoy que podrían subir las tasas de intereses para los préstamos.
El economista Rigoberto Monge fue un poco más allá y manifestó que los costos financieros y logísticos por los nuevos impuestos afectarán la rentabilidad de entidades pequeñas como las cooperativas y las microfinancieras. En este sector, agregó, es preocupante que el 60 % de los préstamos se destinan a hogares, por lo que serán las familias quienes deberán pagar más por acceder a los préstamos de consumo, entre otros.
La Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (Asomi) publicó un comunicado en diferentes medios de comunicación. La gremial señaló que el crédito será más caro debido al impacto inflacionario que causarán los nuevos impuestos.
“Se convertirá en un gasto adicional para el cliente como parte de los costos de los servicios”, se lee en el texto.
Debido a que el sector de microfinancieras brinda un aporte importante a micro y pequeños empresarios, Asomi solicitó al presidente Sánchez Cerén que estas entidades sean exoneradas del impuesto a las operaciones financieras.
Las microfinancieras atienden a más de 91 mil clientes con productos para consumo, adquisición de viviendas, comercio, industria y agricultura, concluyó Asomi en el comunicado.