La cuenta de ahorro individual de un futuro pensionado, del sistema privado (AFP), podría incrementarse hasta en un 32.8 % en los próximos 25 años, si el Gobierno pagara una tasa de interés de 6.4 % por ellos y solo usara el 54 % de los Fondos de Pensiones para financiar sus proyectos, de acuerdo con un cálculo realizado recientemente por la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo).
Las previsiones indican, además, que la rentabilidad podría aumentar el 5.2 % en los primeros siete años si cada año se le sumara el 1 % a la rentabilidad, la cual actualmente es apenas del 1.3 %, aproximadamente.
Según esa institución, a medida que el Gobierno utiliza más fondos de los cotizantes y les paga menos intereses, la nuestro dinero en la cuenta individual se reduce significativamente. “La alta participación de la cartera de inversiones en el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y la baja rentabilidad de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) tiene repercusiones no solo en términos financieros a nivel general del fondo de pensiones, sino también impacta los saldos de las cuentas individuales de ahorro para pensiones que, en un sistema de capitalización individual como el salvadoreño, es el determinante principal del monto de las pensiones”, reza el documento.
Fundaungo ejemplifica que con una rentabilidad de 1.40 % y un préstamo obligatorio al Gobierno del 60 % de los fondos, el dinero se reduciría de $47,836.63 a $35,127.62 (ver cuadro).
Actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas, por ley, a prestarle al Gobierno el 45 % de los fondos que han acumulado los cotizantes del sistema se privatizó en 1998.
Ese dinero es prestado a través de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que se crearon en 2006 con la creación de la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
Los CIP son utilizados por el Gobierno para pagar las pensiones del sistema público (pagos al Estado) del ISSS y el INPEP, cuyas reservas se acabaron en 2002.
Antes de 2006 el techo de estos préstamos obligatorios era de 30 % pero, en agosto de 2006, el Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa que se elevara al 50 %, pero al final solo logró un acuerdo de 45 %.
Sin embargo ese porcentaje aumenta hasta llegar a un 83 %, pues el Gobierno también se vale del dinero cotizado por los ahorrantes de las AFP para financiar otros proyectos a través de otros instrumentos financieros como títulos valores u otros.
Fundaungo asegura, en su publicación, que “si bien el (FOP) ha reducido la carga fiscal del Gobierno en el 20 %, desde que se implementó en 2006, los Fondos de Pensiones han dejado de percibir casi $600 millones que representan hasta el 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2012.
Esto repercute directamente en el ahorro de los cotizantes, pues es dinero que pudo servir para pagar mejores pensiones a los futuros jubilados de las AFP.
Dicha estimación está, incluso, por debajo de los cálculos que ha hecho la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), pues de acuerdo con su presidente, René Novellino, los CIP les han hecho perder a los salvadoreños más de $1,000 millones en rentabilidad.
Ante este bajo interés, el Gobierno responde que la rentabilidad ha sido baja porque la tasa LIBOR, con la que se calcula ese interés, cayó luego de la crisis económica internacional de 2009, que establece que la rentabilidad que pagarán los CIP será determinada por tasa LIBOR+0.75 %.
Riesgo de pérdidas
De mantenerse esa obligación de tener una alta concentración de los fondos previsionales en un solo instrumento financiero (CIP) y pagarse bajos intereses, el saldo de las cuenta individuales de ahorro para pensiones podría reducirse hasta un 26.6 %, de acuerdo con Fundaungo.
La Fundación, al igual que Asafondos, resaltan que en un sistema de privado de pensiones como el que el país tiene desde 1998, es la rentabilidad el elemento clave para que el dinero de las cotizaciones se multiplique. En ese sentido, recomienda que se establezca una “banda mínima y máxima de rentabilidad “que deben pagar los CIP, que estaría entre el 4 % y el 7 %.
A la fecha, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tiene en estudio una demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Comité de Trabajadores en defensa de los fondos de pensiones de El Salvador debido a la baja tasa de interés que paga el Gobierno por usar los fondos de los cotizantes del sistema privado. El comité busca eliminar la ley que creó el Fideicomiso de pensiones.