Los representantes del sector privado mostraron ayer preocupación ante las declaraciones de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) sobre pedir información a los bancos de los 100 mayores depositantes de cada institución bancaria.
Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), expresó “nos preocupa considerablemente el hecho de que se este perdiendo el secreto bancario”.
El ejecutivo ahondó explicando que cada vez más, por “diferentes lados y ángulos”, el Gobierno está tratando de conocer y controlar todas las actividades en las que están involucrados ciudadanos y empresas privadas.
“El Gobierno debe limitarse a lo que la ley le establece y no excederse tratando de tener un control tan agobiante sobre la ciudadanía”, agregó Cardenal. Para el representante de la Cámara, este tipo de medidas envían mensajes negativos a cualquier tipo de inversionista que desee venir al país.
El temor del sector privado es tal, que opina que con estas acciones se alejaría aún más la inversión extranjera, abonando al estancamiento del crecimiento económico nacional.
“Es otra mala señal que se suma a la gran cantidad de malas señales que está mandando este Gobierno”, comentó, haciendo referencia a que el país se vuelve menos atractivo a la inversión.
Advierte que la inversión es el primer paso para el crecimiento, y es la primera acción que se necesita para que exista desarrollo económico. La inversión es clave para la generación de nuevos empleos, así como también para crear más ingresos para el fisco.
De acuerdo con la SSF, esta medida se está implementando para evitar actos sospechosos; acerca de esto, la CCIES dijo que ellos no están en contra de que se investigue cualquier situación anómala, sin embargo, no están de acuerdo que se esté investigando sin ningún motivo o causa justificada.
“Ya de por sí a las empresas y ciudadanos están la lupa del control y la investigación estatal”, añadió la gremial.
Esta es una medida que podría ser el inicio de otras en las que se pretenda obtener mayor control, conocimiento y supervisión de otras actividades, advierten. De igual manera, esto genera desconfianza hacia las empresas puesto que se investiga a empresas por el simple hecho de ser grandes o por mover dinero dentro de las actividades normales de sus giros de negocios.
Por otra parte, Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), considera que “el hecho de simplemente querer publicar esa información (el Gobierno) estaría transgrediendo la ley de bancos y estaría poniendo en peligro innecesariamente a inversionistas, a aquellos que hacen los depósitos”.
Esta acción causaría que las personas no tengan confianza para depositar su dinero en bancos salvadoreños, lo que se volvería contraproducente para la solidez de las instituciones financieras.
Para Jiménez, esta es una intervención del Estado que al final afectará al sector privado, debido a que tendrán menos disponibilidad de recursos y habrá menos liquidez en los bancos para poder prestar a las empresas que necesiten financiarse para llevar a cabo sus proyectos.
Actualmente, las empresas afiliadas a la ANEP ya enfrentan una diversidad de obstáculos para poder operar. Principalmente son afectadas por la inestabilidad en las instituciones políticas para que funcionen efectivamente.
Asimismo existe inseguridad jurídica en donde constantemente se están cambiando las leyes en contra de los sectores productivos agregando trámites e intervenciones que logran que hacer negocios sea más difícil.
A todo esto se le suma la inestabilidad en el sector financiero que se crearía con esta nueva medida. “Yo creo que estamos realmente ahuyentando la inversión privada” reitera, explicando que “los bancos tienen un propósito y es captar recursos de los ahorrantes, de los cuales los bancos son responsables, y prestarlos al sector productivo para que pueda invertir en proyectos competitivos”.
Esto vendría a afectar el otorgamiento de créditos; inevitablemente, la disminución de depósitos significa menor solidez del sistema financiero para poder otorgar créditos al sector privado, disminuyendo así la inversión privada.
Por su parte, el analista económico y ex presidente del Banco Central de Reserva, Mauricio Choussy dijo que a pesar de que la SSF está en su total derecho de realizar evaluaciones de riesgo sistémico en las entidades financieras, lo cierto es que la forma en cómo ha solicitado esta vez la información a los bancos, ha generado desconfianza.
“Hacerlo de una forma explícita da desconfianza y el sistema financiero vive mucho de la confianza”, concluyó.