El presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), Armando Arias, pidió ayer tranquilidad y confianza a los depositantes del sistema bancario al asegurarles que sus datos personales seguirán manejándose con total confidencialidad, tal como lo respalda el secreto bancario, estipulado en la ley y en la Constitución de la República, como un derecho a la intimidad.
“Los depositantes pueden estar tranquilos y seguros de que vamos a cumplir al pie de la letra el secreto bancario”, señaló ayer el representante de las 11 entidades financieras adscritas a esta asociación.
El 28 de julio pasado, la Superintendencia del Sistema Financiero le solicitó formalmente a los presidentes y directores de los bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito que enviaran un listado de los 100 mayores depositantes del sistema bancario.
La institución pedía información detallada del depositante, como por ejemplo, si es una persona natural o jurídica, su nombre, su nacionalidad, el monto del depósito y si éste se ha hecho a cuenta de ahorro, cuenta corriente o es un depósito a plazo.
El Superintendente Financiero, Ricardo Perdomo, quien fungió antes como jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y como Ministro de Seguridad, dijo que la información serviría para medir riesgos sistémicos relacionados a la falta de liquidez del sistema y para detectar impactos financieros.
Pero a juicio de Arias, la solicitud de esta información vulnera el secreto bancario, que protege los datos personales de todos los usuarios del sistema bancario.
“El artículo 232 del secreto bancario da una obligación clarísima y los bancos lo están cumpliendo”, afirmó.
Arias expuso que con esta figura legal, contenida en la Ley de Bancos, las entidades financieras solo están autorizadas a dar información personal bancaria a la Fiscalía General de la República, cuando se ha iniciado un proceso judicial contra una persona; al Ministerio de Hacienda, cuando éste realiza un proceso de fiscalización y por orden de un juez, cuando hay un embargo judicial. “En ninguna de esas excepciones está la posibilidad de que nosotros podamos dar el tipo de información que se nos ha solicitado”, señaló.
La Superintendencia del Sistema Financiero solicitó a los bancos que enviaran el primer informe a partir de julio, pero Arias aseguró, ayer, que hasta el momento no han enviado listado alguno de depositantes hasta no lograr un acuerdo con la institución.
“Que nosotros sepamos, nadie ha entregado la información requerida”, afirmó.
Crearán mesa técnica
El tema es tan sensible para la banca que sus representantes ya sostuvieron una reunión personal con Perdomo para hablar del tema y buscarle una solución técnica sin violar el secreto bancario.
En esa reunión se acordó crear una mesa técnica que discuta las alternativas para que la banca sea evaluada, como busca el regulador, pero sin necesidad de que se entregue información confidencial, que vulnere el derecho a la intimidad de toda persona.
“Esto se planteó y tuvimos receptividad. Acordamos que es importante que haya una evaluación de los riesgos de la banca y esa mesa técnica va a servir para encontrar la forma de que la SSF realice estas evaluaciones sin necesidad de que nosotros tengamos que dar esa información”, detalló el representante bancario.
Esta mesa técnica estará integrada por representantes de los bancos y personal de la Superintendencia.
“Debe haber maneras y formas sin necesidad de violar el derecho al secreto bancario”, señaló Arias.
Y las hay. Arias explicó que un caso similar se dio en 2010, cuando Hacienda aplicó el 10 % de impuestos a los intereses que los bancos ganan por colocar préstamos en el mercado. En esa oportunidad, los bancos, como agentes de retención, lograron transferir todos los datos a Hacienda sin vulnerar la intimidad de los depositantes.
Arias cree que esto mismo se puede hacer esta vez, sin necesidad de dar los datos personales de los clientes. También cabe la posibilidad de que se pueda entregar el listado de los 100 depositantes del sistema bancario, pero sin que se revelen nombres o empresas.
Según el artículo 232 de la Ley de Bancos, “los depósitos y captaciones que reciben los bancos están sujetas a secreto y podrá proporcionarse información sobre esas operaciones solo a su titular, a la persona que lo represente legalmente y a la Dirección General de Impuestos Internos cuando lo requiera en procesos de fiscalización”.
“Yo tengo la confianza de que los argumentos legales que nosotros dimos van a ser suficientes para que ellos se den cuenta de que no podemos violentar el secreto bancario”, apuntó.
Las repercusiones (de que no se logre un acuerdo para no divulgar la información bancaria) no las quiero ni pensar porque serían tremendas”, advirtió el representante bancario.
Por su parte, la SSF emitió ayer un comunicado en el que reiteró que la solicitud de información se hizo con el fin de evaluar la gestión de riesgo de los bancos y su nivel de liquidez a nivel individual y del sistema financiero.
La institución alegó que solicitó información de los depósitos “sin transgredir el velo de confidencialidad bajo el secreto bancario que protege a los titulares de cuentas de depósitos” y que es garante de la ley.
Agregó que trabajan con la Asociación Bancaria Salvadoreña y otras entidades para el manejo de los datos.
Finalmente la institución hizo un llamado a los usuarios del sistema financiero para que continúen confiando en el trabajo técnico de la SSF.