El presidente de Enel Green Power para América Latina, Maurizio Bezzeccheri aclaró que la compañía italiana en querella con el país por el incumplimiento del contrato en asocio público-privado con LaGeo, y que les ha llevado a litigios internacionales, mantiene la buena voluntad de negociar con el gobierno salvadoreño para encontrar una solución pacífica a la disputa.
El alto ejecutivo de la transnacional, cuya sede regional está en Ciudad de México, aseguró a El Diario de Hoy, que la compañía ha sido sorprendida por las declaraciones del Fiscal General de la República, Luis Martínez, que de forma drástica afirmó hace varias semanas que Enel se ha negado a buscar y encontrar un acuerdo negociado fuera de los tribunales.
En entrevista con el este periódico, luego de la audiencia realizada en el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), ente adscrito al Banco Mundial en Washington, el jefe del ministerio público salvadoreño remarcó que su despacho había tendido un puente para que el inversionista italiano y la contraparte local llegaran a un acuerdo, pero que no habían aceptado.
Sin embargo Bezzeccheri confirmó que Enel han visto con buenos ojos las muestras de buena voluntad que han mostrado altos funcionarios de la nueva administración de Salvador Sánchez Cerén, para llegar a un acuerdo que beneficie al país y no exclusivamente a una de las partes.
Pero que la posición del titular del ministerio público “sorprende y confunde”, al adjudicar a Enel un rechazo a encontrar una solución arreglada en buenos términos para el litigio.
“Enel Green Power como ya lo ha hecho numerosas veces en el pasado, reitera su plena disposición para lanzar un diálogo constructivo y de buena fe, que nos lleve a encontrar una solución pragmática a las disputas en curso y sobre todo a trazar las bases del desarrollo futuro del sector geotérmico y energético de El Salvador”, aseguró el alto ejecutivo de la firma italiana.
Para Bezzeccheri, encontrar una salida negociada a la disputa que ha llegado a tribunales internacionales, no sería una solución solo para Enel, ni solo para el gobierno salvadoreño “sino que sería una solución para el país y para los salvadoreños, que permita relanzar inversiones y construir nuevos proyectos con el fin de resolver la crisis energética que se vive en El Salvador”, enfatizó.
Además agregó que desde que iniciaron las disputas (en el año 2007) hasta la fecha no se ha podido desarrollar el recurso geotérmico del país, y que este rezago en es un precio muy caro que están pagando los salvadoreños al no tener todavía una capacidad instalada de electricidad que permita el “desarrollo industrial del país”.
Un día antes de la audiencia realizada el 18 de julio en la sede del Banco Mundial, un delegado de la firma italiana había llegado a Washington para una reunión privada que sostendrían junto a los equipos de abogados de Enel con el fiscal general Martínez. Sin embargo, por problemas logísticos del jefe del ministerio público salvadoreño, esta no pudo realizarse como estaba pautado.
El jefe de abogados del equipo defensor del país en Washington, Luis Parada, de la firma Foley Hoag, comento que en efecto, el vuelo que llevaría al fiscal a la capital estadounidense tuvo un retrasó de muchas horas y finalmente –el encuentro previsto no pudo realizarse- porque el funcionario llegó a Estados Unidos pasada la media noche, y justo para la audiencia que inició a primeras horas de la mañana en la sede del Banco Mundial, donde esta el CIADI.
“Pero ya durante el día de la audiencia en los recesos de hasta 30 minutos no hubo ningún interés también de ellos (Delegado de Enel y su equipo de abogados) para acercarse al fiscal y conversar”, acotó Parada al consultarle sobre el suceso.
De ahí la sorpresa que manifiesta Bezzeccheri, que el fiscal Martínez un día después diera por sentado en una entrevista con este medio de comunicación, que la compañía italiana se negaba a buscar un acuerdo negociado fuera de los tribunales, cuando fue su despacho el que canceló la reunión prevista.
“Esta declaración (dada por el fiscal) contrasta con lo que ha ocurrido el día anterior a la audiencia en el tribunal CIADI. Los abogados de Enel Green Power han efectivamente recibido una invitación a reunirse con el señor fiscal general, para platicar de una posible negociación, pero esta reunión nunca se tuvo, por impedimentos logísticos del propio señor fiscal general Luis Martínez”, expone el presidente de Enel para Latinoamérica.
Sin embargo Bezzeccheri dejó abiertas las puertas para sentarse a dialogar con los actores del gobierno y buscar un entendimiento a la problemática que tiene un verdadero atolladero al sector energético del país. Un conflicto que inició en la gestión presidencial de Elías Antonio Saca y que se agudizó bajo el m andato del ex presidente Mauricio Funes.
“Aprovechamos este espacio para aclarar cualquier duda al respeto y para reiterar nuestra buena disposición a formalizar un dialogo y nuestro firme convencimiento en una resolución amistosa a esta disputa. Por lo tanto quedamos al pendiente de indicaciones sobre como lanzar este proceso, convencido que nos llevará a un buen resultado”, puntualiza Bezzeccheri.
Complicaciones del problema
Enel llegó en el año 2002 al país convertida en el socio estratégico para un asocio público-privado con el gobierno de El Salvador, con una concesión para desarrollar el sector energético con el recurso geotérmico.
Este procedimiento avalado por la reformada Ley de Electricidad y Telecomunicaciones, a mediados de la década de los 90s, tenía como objetivo encontrar una fuente dispuesta a inyectar capital para las centrales de Berlín, Usulután y Ahuachapán, -más otros proyectos de exploración-, en los que ahora Enel reclama haber invertido más de $150 millones de dólares en equipos y tecnología de punta para impulsar la generación de electricidad para el mercado legal y con miras a expandirlo a nivel regional.
No obstante, con apenas cinco años de puesta en marcha el acuerdo inicial firmado bajo contrato, salieron a relucir las diferencias al facultar las cláusulas del mismo para que el socio estratégico en un momento dado pueda invertir más capital y hasta obtener la mayoría accionaria del asocio entre Enel-LaGeo y su figura tutora o propietaria, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)
Esta disyuntiva y trabas puestas al inversionista durante la gestión de Saca y su titular en la CEL, Nicolás Salume, que seguiría en el cargo durante buena parte de la gestión de Funes, desataron el primer litigio que se ventiló en la Cámara de Comercio Internacional, en París, Francia.
En ese proceso Enel reclamó ante la instancia internacional que se honrara el contrato firmado cuando se la invitó a invertir en el sector energético salvadoreño. El tribunal le dio la razón y ordenó a El Salvador cumplir el acuerdo para la compañía italiana invirtiera más capital y con ello lograría la mayoría accionaria y por ende el control administrativo y productivo del asocio.
Cuando surgió la sentencia El Salvador apeló a la decisión del tribunal y otra instancia de la misma Cámara Internacional de Comercio, en la sede en París, volvió a ratificar, en enero de 2013, la sentencia a favor de Enel Green Power, con mandato para que el país honrara el contrato firmado en 2002.
De ahí inició toda una orquestada lucha de tintes políticos en las altas esferas del gobierno del expresidente Funes y sus acusaciones que llevó a la apertura del procesos judicial y penal por supuestas anomalías para el asocio público-privado realizado en 2002 para la concesión del recurso geotérmico.
Con ese referente de disputa y ante la negativa de El Salvador de cumplir la sentencia del tribunal internacional, Enel acudió al Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial donde está abierto el proceso y donde los tres árbitros tienen en sus manos la decisión sobre la querella.
Se espera que los tres árbitros emitan un veredicto sobre la solicitud de Medidas Cautelares peticionada por Enel para liberarse del embargo de más de $2 mil millones de dólares impuestos por el sistema judicial salvadoreño bajo acusación de daño al patrimonio del país con el asocio.