$120 millones debe el Goes a sus proveedores

Algunos proveedores recibirían el pago hasta septiembre

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El gobierno espera cancelar los pagos atrasados a los proveedores hasta septiembre próximo. foto edh / Archivo

Por Rodolfo Ortiz negocios@eldiariodehoy.com

2014-08-11 8:00:00

La deuda del gobierno central con los proveedores de bienes y servicios, ya ronda los $120 millones, expresó ayer el viceministro de Hacienda, Roberto de Jesús Solórzano. Esta cifra representaría el total de pagos atrasados con las empresas que son contratadas por el Estado y a las cuales el Ministerio de Hacienda mantiene en espera.

“Si no hay recursos para pagar algo, simplemente no se paga, se queda debiendo”, declaró el viceministro al referirse también al déficit de caja que tiene el Estado, el cual mencionó que ronda los $180 millones.

Los atrasos por $120 millones afectan la cancelación de servicios como medicinas, alimentación y paquetes escolares, entre otros. Sin embargo, el viceministro Solórzano no especificó a cuáles empresas o rubros se les debe el pago o cuántos meses acumula en mora el Estado.

Se intentó obtener dicha información a través de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), pero el director de Asuntos Económicos y Comerciales, Mario Magaña, explicó que la gremial no cuenta con información pormenorizada sobre estos atrasos. Agregó, no obstante, que tienen conocimiento de empresarios que tienen entre 6 y 7 meses sin recibir el pago por los insumos (útiles y uniformes) de los paquetes escolares.

Rómmel Rodríguez, analista económico de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), explicó a este periódico que dicha cifra no aparece registrada como deuda en las cuentas del Estado, debido a que se consigna a través de pagarés y facturas por pagar.

Aún así señaló que en muchas emisiones de bonos (deuda pública) una parte considerable de los fondos se destina a cumplir con estos pagos de gasto corriente.

Pagos hasta septiembre

A mediados de julio El Diario de Hoy publicó que muchos proveedores del Estado tendrán que esperar hasta septiembre para poder cobrar el dinero que se les adeuda. En esa ocasión el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, justificó la tardanza debido a que $1,150 millones en eurobonos aún no habían sido colocados.

Lorenzana dijo que la aprobación de los bonos fue tardía y debido a un período de vacaciones en Europa. “Para que eurobonos sean dinero efectivo faltan dos meses, porque en Europa hay vacaciones y allá la actividad se reactiva en septiembre”, dijo.

Empero, algunos analistas sostienen que eso no es cierto porque los mercados financieros no cierran por tanto tiempo.

Programas sociales como los paquetes escolares se han visto afectados por la falta de liquidez y atrasos en los pagos. Algunos sastres y costureras que conversaron con este medio en abril pasado señalaron que esperaban el pago correspondiente de los uniformes entregados en enero.

Ley para Mypes

Ileana Rogel, directora del Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), aseguró que ya se está trabajando para solventar los inconvenientes que la situación genera con los proveedores. La principal herramienta para este fin sería la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa.

“La ley establece que el gobierno tiene que pagar en los siguientes treinta días después que un empresario ha entregado un bien o servicio”, expresó.

Rogel expresó que ya están trabajando en generar las condiciones para que a partir de enero 2015 todas las instituciones de gobierno que contratan servicios cumplan con esta normativa. “Eso nos va a generar otra dinámica de mover capital, generar mayor dinamismo en las micro y pequeñas empresas”, concluyó.

La implementación de la Ley Mype, promovida desde el 2010, es una de las principales apuestas de Conamype para el presente quinquenio. La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 25 de abril de este año.

De acuerdo a Ileana Rogel, las compras a las Mypes por parte del gobierno ascienden a un promedio de $1,200 millones al año.

Según la ley, toda institución de gobierno (municipal, autónoma o central) debe realizar el 12 % de sus contrataciones de bienes y servicios con este sector.

Mientras tanto, queda pendiente cancelar la deuda de $120 millones.