En una discusión sobre el impacto de las reformas fiscales y sus objetivos, varios panelistas expresaron que la reforma fiscal que entra en vigo el lunes 1 de septiembre está pensada con el fin de resolver un problema a corto plazo pero que eventualmente el Gobierno tendrá que recurrir a otros mecanismos para obtener ingresos.
El conversatorio fue moderado por el economista Luis Membreño y participaron Roberto Oliva, abogado; Carlos Pérez, investigador del Área de Macroeconomía y Desarrollo de Funde; y Carolina Alas de Franco, Investigadora Senior del Departamento de Estudios Económicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) para hablar sobre las repercusiones de las reformas fiscales.
Al pensar en corto plazo, según explicó Carolina Alas, es preocupante para la situación del Sector Público No Financiero, el cual en la actualidad posee una deuda que representa el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo a la investigadora, si el Estado continúa en un proceso de endeudamiento podría llegar a tener una deuda del 70 % del PIB para el 2017 y 80 % para el 2020.
Según Oliva, “la mayoría de las reformas van encaminadas a cerrarle las puertas al ciudadano de reaccionar y se establecen mayores mecanismo de fiscalización”.
Esto significa que, en otros países, los mecanismos utilizados para la implementación de impuestos contemplan la forma en que se va a tasar y la reacción que la población podría tener en el caso de no estar de acuerdo.
El problema con la reforma es que está diseñada para que no exista control sobre los funcionarios públicos. Explica que “la diferencia entre países desarrollados y países como el nuestro es la posibilidad de control, de provocar que los funcionarios sean responsables por sus actos”.
La representante de Fusades añadió que lo que se necesita hacer en el país es busca “una nueva manera” de ver el problema fiscal del país. Para esto es necesario que se logre verdadera participación, que se acepte la situación fiscal en la que se encuentra el país y que los cambios se hagan desde la elaboración del presupuesto, con el fin de también crear un presupuesto transparente. Esta ha sido una observación realizada anteriormente por varios economistas, quienes consideran que la solución no está en la aplicación de más impuestos pero en arreglar los problemas internos del Sector Público.