BUENOS AIRES. El gobierno argentino enfatizó, el miércoles, su voluntad de pagar la deuda, al defender el proyecto oficial que contempla abonar los vencimientos de los bonos en Buenos Aires, para sortear el impedimento de cobro que existe en Nueva York.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo en una rueda de prensa que Argentina “va a pagar” los servicios de deuda por 200 millones de dólares que vencen el 30 de septiembre y que para ello “damos una alternativa de pago local”, en el caso de que no se destrabe “el cobro en Nueva York”.
La presidenta, Cristina Fernández, anunció el martes que enviará al Congreso un proyecto de ley para emitir nuevos títulos, bajo jurisdicción argentina que le permita sortear el bloqueo de fondos que ordenó el juez neoyorquino, Thomas Griesa, en el marco de un litigio con bonistas que reclaman 1,600 millones de dólares al país y que ha provocado que Argentina sea declarada en default técnico por calificadoras de riesgo.
La iniciativa, que debe ser aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo controla ambas cámaras, propone remover a The Bank of New York Mellon como agente fiduciario y designar en su reemplazo al Nación Fideicomisos S.A.
Kicillof y Carlos Zannini, secretario Legal y Técnico que acompañaba al ministro ante la prensa, aclararon que el proyecto no implica un nuevo canje ni tampoco un cambio de jurisdicción de los bonos, sino una modificación de la sede de cobro.
El 92.4 % de los acreedores de Argentina aceptaron canjes de deuda en 2005 y 2010, que implicaron una importante reducción de capital. Pero una parte de esos títulos fueron emitidos bajo ley de Estados Unidos, por lo cual, el cobro de sus vencimientos quedó afectado por una demanda que un grupo de tenedores ganó ante la justicia estadounidense.
Por decisión de Griesa, The Bank of New York Mellon decidió mantener retenidos unos 540 millones de dólares que el país depositó para cumplir con un vencimiento el 30 de junio, de deuda en manos de tenedores que aceptaron los canjes. Según el juez, el país debía pagar antes y al contado la totalidad de los 1,600 millones que los fondos litigantes reclaman.
El gobierno sostiene que no puede cumplir con la sentencia de Griesa porque violaría contratos con otros bonistas y gatillaría reclamos de hasta 500,000 millones de dólares. Ello dejó a Argentina, desde el 30 de julio, en una inédita cesación de pagos parcial.
El juez Griesa ha advertido que el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda estaba prohibido y que, de activarse, tendría “consecuencias legales serias”. – AP