El Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA) llegó a su fin en el Gobierno de Alfredo Cristiani en 1990, debido a la constante corrupción y mala administración que se fraguó en las entrañas del organismo.
Antonio Cabrales, quien fungió como ministro de Agricultura y Ganadería en aquel entonces, comenta entre anécdotas sobre los motivos por los que decidió cerrar el IRA y las medidas que se implementaron después.
Para cuando Cabrales llegó al ministerio, el IRA ya estaba desacreditado y desprestigiado en el país y eran los productores quienes resentían más al Instituto debido a que se les pagaba menos por su producción para vender a menores precios.
Sin embargo, el verdadero problema se encontraba en la estructura y administración del ente gubernamental. Según cuenta Cabrales, cuando cerraron el IRA descubrieron “plazas fantasma” en ese instituto, empleados que estaban en planilla pero nunca habían llegado o estaban fuera del país desde hacía años.
Debido a que la mayor parte del presupuesto asignado se utilizaba para pagar salarios a 3,000 empleados, anualmente se pedían prestamos millonarios al Banco Central de Reserva (BCR) para comprar más granos o llevar a cabo otras actividades oficiales.
Este tipo de anomalías trajo gran preocupación a Cabrales, ya que no solo había estado deprimiendo la agricultura, sino también había abierto las puertas a la corrupción.
En entonces ministro tomó la decisión de “no abrir las puertas” del IRA, es decir que durante ese año no puso en operación el Instituto debido a que buscaba la manera de clausurarlo eventualmente.
Durante ese año, entre 1989 y 1990, el Gobierno planificó medidas para cerrar el instituto y establecer un nuevo sistema que afectara a los agricultores y consumidores.
Para esto se establecieron “bandas de precio”, modelo con el cual se fijaban precios a los productos según indicara el mercado internacional, evitando así el control de precios que se vivió por varios años.
En aquella época, según recuerda Cabrales, el ministro de Agricultura y Ganadería tenía el poder de establecer los precios de los granos básicos, este era uno de los mecanismo que se utilizaba para alimentar más la corrupción generada en el IRA.
Fue durante las fiestas de agosto en 1990 que el Gobierno envió a la Guardia Nacional a cerrar las puertas de todos los centros de acopio, clausurando así el instituto. “Así se llevó el cierre del IRA y nunca nos hizo falta”, añade Cabrales.
Cuando se incorporó la leche en polvo al sistema también se vieron anomalías, “se traían las importaciones de leche de una forma arbitraria, no obedecía a ningún plan de ninguna clase”, comenta el exministro.
Explica que para almacenar granos básicos se necesita de una gran tecnología puesto a que, al mantenerlos en bodegas, están expuestos a hongos y humedad que podrían arruinar la cosecha.
El caso de esta institución era que los productos eran puestos en bodegas en donde no se les daba el cuidado apropiado y podían pasar meses o incluso años almacenados.
Esto se volvía un problema para la salud alimenticia de sus consumidores, ya que al pasar demasiado tiempo encerrados, los granos se endurecían, lo que dificultaba poder cocinarlos.
En un caso peculiar, encontraron una bodega en donde el producto tenía cuatro años de estar almacenado.
Con el pasar del tiempo, el IRA se volvió “eminentemente un instrumento político” permitiendo la corrupción y dañando a agricultores y consumidores. Así, algunos economistas coinciden en decir que el pretender restablecer de este tipo de sistema podría traer problemas similares a los que se vivieron en aquella época.
Un sistema ineficiente
Economistas consideran que la reactivación del IRA debería evaluarse y ser consultada con todos los sectores involucrados. Rigoberto Monge, analista económico, considera que la intervención del Estado a través de mecanismos como el IRA no sería la mejor solución para el país.
Según indica, estos mecanismos “llevan a intervenciones del Estado que pueden llegar más allá de los que podría estar indicando el mercado”. Para el economista, lo más prudente que se debería hacer es encontrar una solución al mercado de productos básicos y a la producción de estos productos en este año.
Recomienda que la mejor solución para el problema está en la creación de una “mesa de consulta” en donde el sector privado y público puedan buscar una solución consensuada.
Se debe de tomar en cuenta y evaluar la trayectoria que tuvo el IRA en el país, tomando en cuenta los países latinoamericanos en donde se implementó el modelo. Estos mecanismos “se ven atractivos” en su planteamiento teórico, pero presentan grandes repercusiones para la economía una vez establecidos.
Al analizar estas instituciones uno puede ver que la administración de estos nunca trajo resultados positivos para la economía de los países, tomando en cuenta que en el pasado los gobiernos no han sido administradores eficientes.
Para Monge se debería de estimular la producción agrícola, ofreciendo también una política agrícola sustentable con intervención de todas las instituciones que participan en el agro. Se debe conseguir el impulso necesario para incrementar la producción de granos básicos en el país.
Por otra parte, advierte sobre el efecto que podría tener restablecer un Instituto como este sobre el endeudamiento del país. “Sin duda podemos decir que incrementaría el endeudamiento”, reitera Monge.
Desde el punto de vista presupuestario del Gobierno, no sería recomendable instalar un sistema regulador tomando en consideración la situación precaria de las finanzas públicas. Es necesario que el Gobierno evalúe el costo que tendría un instituto de este tamaño.
Amy Ángel, analista del sector agropecuario de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), opina que la “misma experiencia del IRA en El Salvador y de instituciones parecidas en otros países nos indica que es muy costoso y son sistemas ineficientes”.
Aclara que en el país, el instituto nunca manejo volúmenes tan importantes de producto como mucha gente piensa y el mismo sistema dio paso a que se creara corrupción.
“Es un peligro tan grande el crear una institución que solo va a generar más distorsiones de mercado, en lugar de hacer que el mercado funcione mejor”, añade Ángel. La economista agrícola puntualiza que se debe trabajar en el mercado y obviar este tipo de instituciones.
No obstante para tener un mejor mercado se debe tomar en cuenta dos puntos fundamentales: el primero, es evaluar el ingreso de las familias de menores recursos, ya que son estas las más vulnerables ante el alza de precios; al mejorar los ingresos de estas familias, se podrían ver menos repercusiones.
Como segundo punto, establecer la vulnerabilidad de la producción; esto proviene de la forma en que se cultivan granos en el país, puesto a que se cultiva en laderas sin medidas de protección de suelo y agua.
Para esto recomienda que se deben ir aplicando sistemas con medidas de conservación y sistemas agroforestales para mejorar la productividad de los agricultores.
No asegura ganancias
De acuerdo con agremiados en la Asociación de Productores Agrícolas de Usulután (Aspau), la reapertura del IRA debería ser un tema que se analice detenidamente, ya que para el sector no es una medida que garantizará que ellos vendan el producto y les genere ganancias.
En lo que a ellos respecta, refieren que si el gobierno tomase la decisión de comprarles el producto para almacenarlo y contribuir en alguna medida a controlar los precios, se les debe garantizar el pronto pago por la venta de granos.
Rigoberto Díaz, productor de Usulután dice que desde que se cerró el IRA ellos venden a comerciantes del área, que pagan en efectivo y contra entrega del producto.
“Esto sería una buena opción para nosotros (refiriéndose a la reapertura del instituto regulador), solo si el gobierno pagará de contado”, mencionó don Rigoberto.
El temor de los productores se enmarca en la poca capacidad que está demostrando el gobierno para saldar deudas pendientes con pequeños proveedores que les han vendido los uniformes y zapatos para que se repartan en las escuelas a inicios de año, y que a esta fecha aun les adeudan.
Los productores aseguran que se les debe garantizar la compra permanente del producto, ya que hay temporadas donde no lo ven tan factible.
“Ellos le compran a uno cuando está escaso y caro, pero cuando ha salido la cosecha le dicen que no porque otros se los dan más barato y quieren que uno le baje los precios”, dijo el productor.