Varios economistas consideran que establecer un control de precios para productos alimenticios, como el frijol, podría generar repercusiones severas, ya que los productores agrícolas perderían el incentivo de continuar sembrando, lo cual llevaría al país a una mayor escasez.
Así se expresaron luego de conocer una probable medida que tomaría el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para ofrecer el frijol a un precio más cómodo para el consumidor.
La semana pasada, el titular del MAG, Orestes Ortez, señaló: “Tenemos que crear garantías para que el Estado pueda intervenir controlando precios o respondiendo en casos de siniestros o eventualidades por el cambio climático”, justificó, al tiempo que proponía la creación de una reserva estratégica de granos, que funcionaría de manera similar a como funcionaba el extinto Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA).
Ante tales declaraciones, Rigoberto Monge, analista económico, señaló que los precios del mercado “deben ser más bien el resultado de la oferta y la demanda y deberían tomarse otras medidas distintas al control de precios”. Advirtió que atrás del control de precios, normalmente, se esconden mecanismo de corrupción, evasión, mayor especulación y mayor desabastecimiento.
Para el analista, la solución ante los altos precios se encuentra “en estimular de manera generalizada y sin ningún tipo de discriminación a todos los pequeños, medianos y grandes productores de frijol y granos básicos en general”.
Es a través de apoyos efectivos a los productores en que se generará, en un período corto, un incremento en la producción, siempre y cuando se realicen de manera oportuna las entregas de fertilizantes y semillas.
Según reporta el MAG, el país percibió una cosecha récord de frijol, sin embargo, “ese tipo de información que se nos vendió está reñido con la verdad”, añadió Monge, quien cuestiona las cifras brindadas por el Gobierno cuando en la actualidad la nación se encuentra en una precariedad en donde el precio del grano básico ha subido significativamente.
“Me parece que es una altísima falta de transparencia por parte del MAG hacia la población, francamente me parece que no se le pueden mandar esos mensajes engañosos a la población”, concluyó.
Manuel Enrique Hinds, exministro de Hacienda, considera que un control de precios aumenta la demanda y disminuye la oferta, esto causaría que haya mayor escasez de producto y más personas demandándolo.
Para Amy Ángel, analista del sector agropecuario de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), “el problema con cualquier política que distorsiona precios, ya sea para arriba o abajo, es que no manda las señales claras para los agentes de mercado”.
Ángel ejemplificó que cuando se sube el precio de manera artificial, entonces las personas consumen menos y, en el caso contrario, se genera un desincentivo para la producción.
Cuando se llega al punto en el que se implementa un control de precios se corre el peligro que para la siguiente cosecha los productores tengan menos interés en producir, debido a los bajos precios, lo que conlleva a menores siembras.
Esta problemática provoca que el Gobierno busque otras medidas como importaciones subsidiadas o subsidiar la producción y esto conlleva a un efecto cadena, en donde se tendrían que buscar nuevas medidas para corregir la distorsión inicial generada en el mercado.
“La política más eficiente en este tema es una que apoye la demanda y no que restrinja la oferta”, puntualiza Ángel. Con este se refiere a que el Gobierno debería implementar medidas que apoyen la demanda de las familias con menores recursos, es decir, en lugar de controlar el precio, se debería crear un programa para que las familias puedan comprar con un precio que sea “apoyado en algún porcentaje por parte del Gobierno”.
Programas como estos se han llevado a cabo en países como República Dominicana, con la Tarjeta Solidaridad y en Estados Unidos con los Food Stamps (Estampas de Comida), en donde el Gobierno identifica a las personas que califican para una compra subsidiada de cierta cantidad de alimentos.
En estas naciones ha sido un método eficiente porque, en lugar de proporcionar todo el consumo, se brinda un apoyo focalizado a las personas con mayores necesidades.
La economista agrícola explicó que este tipo de subsidio no debe ser otro para el 80 % de la población, sino que debe hacerse un estudio e identificar a quienes realmente están siendo afectados por altos precios.
En ese sentido, comentó que sería recomendable determinar el umbral de pobreza en el país para que esas personas puedan participar del programa.
Por otra parte, reiteró que se debe tener claridad de cuál es la política agrícola en términos de monitoreo de mercados y dar a conocer esa información.
De igual forma, es importante que se estudie la información regional, acerca de cuánto ha producido el resto de Centroamérica y la expectativa que estos tienen, para así poder tener un idea clara de lo que sucede en el Istmo y contextualizar el problema real del país.
Otro punto expuesto por Ángel es que el Gobierno ha mencionado que el problema del alza de precios no es escasez sino acaparamiento, pero no brinda una definición exacta de cuánto debe de tener una persona almacenado para que sea considerado como acaparamiento.
Debido a que no hay claridad en esto, las bodegas en las áreas de mercado poseen poco producto, ya que no quieren aparentar que son acaparadores cuando se realizan las inspecciones. Lo que sucede en este caso es que al tener poco producto en bodega, genera la noción de que no hay producto existente y esto da una apariencia de mayor escasez, dijo.
CDC ve acaparamiento
El Centro para la Defensoría del Consumidor (CDC) considera que el verdadero problema del alza de precios es el acaparamiento, por lo que presentó propuestas de solución.
Según Danilo Pérez, director ejecutivo del CDC, se envió a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia proponiendo una reforma al Código Penal, para que se implementen medidas más drásticas y contundentes para “mandar un mensaje claro a los acaparadores de granos básicos”, con medidas de hasta diez años de prisión. Además propone priorizar la compra con una perspectiva de precio justo para los productores ya que, según el CDC, se les paga poco por la producción.