La Asociación de Agencias de Viaje Autorizadas de El Salvador (AVA) considera que el impuesto a las operaciones financieras “no será soportado por un alto porcentaje de agencias acreditadas”, obligando a muchas a cerrar operaciones o moverse al sector informal, según explica un documento del sector enviado a la Asamblea Legislativa.
En el informe, la Asociación presenta el impacto económico que sufriría el sector de agencias de viaje al entrar en funcionamiento la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras (se discutía ayer).
AVA explica que para poder emitir boletos aéreos, directamente, las agencias de viajes deben “celebrar un contrato denominado Contrato de Agencia de Ventas de Pasaje con la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), por medio del cual se acredita que determinado agente quede autorizado a vender transporte aéreo”.
Es decir que cuando una agencia vende un boleto de viaje, debe trasladar esa cantidad a IATA, en donde la agencia paga un impuesto. Cuando IATA traslada esta cantidad a las aerolíneas debe pagar otro impuesto.
El problema es que para este momento ya se ha pagado el impuesto tres veces, debido a que el cliente al comprar el boleto se le incluyó un impuesto. Es decir que al aprobar la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, solo estaría sumando un costo más a la ya larga cadena de impuestos pagados.
Por otra parte, las agencias de viajes ganan una comisión del 1 % sobre el valor de la tarifa base de los boletos, motivo por el que exponen que “tal transacción bancaria no genera ningún beneficio económico para las agencias”.
El documento explica que “el impacto de la entrada en vigor de este impuesto sería totalmente negativo para nuestro sector, al tener que sumar a las transacciones un costo más”.
La repercusión que expone AVA va más allá de una pérdida económica para las agencias, puesto que si muchas de estas empresas cierran operaciones o se establecen en el sector informal, se disminuiría la capacidad de recaudación de impuestos para el Estado, dejando de percibir de las agencias y sus empleados, los cuales se enteran mensualmente.
Debido a esta problemática, la Asociación pide a la Asamblea tomar en consideración que “se aplique el impuesto por única vez cuando el consumidor pague los servicios solicitados”, evitando de esta forma el efecto cascada que se genera con dicho impuesto.