Palabras fuertes y contundentes fueron utilizadas por los equipos de abogados, tanto de la defensa de El Salvador a cargo de Foley Hoag como los querellantes de Enel Green Power, Clifford Chance, en un día de fuertes debates en el seno del Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones, Ciadi, en el Banco Mundial en Washington.
Los puntos irreconciliables han saltado a la mesa en una jornada donde los tres jueces: el chileno-estadounidense Alejandro Escobar; que funge como presidente y los árbitros seleccionados por las partes: Óscar Garibaldi, argentino-estadounidense seleccionado por Enel y Raúl E. Vinuesa, argentino español elegido por la defensa de El Salvador han escuchado con atención los alegados.
Durante la intervención que hizo el fiscal general Luis Martínez, que llegó a Washington para encabezar el equipo defensor del país, el funcionario calificó de “abusivas y agresivas” las medidas cautelares solicitadas por Enel ante el Ciadi para proteger sus inversiones en el país.
En su presentación Martínez dijo que Enel se abocó al Ciadi después que El Salvador reformara la Ley de Inversiones, en 2012, con la que pretenden frenar futuras demandas de inversionistas.
Aunque Enel abrió el caso ante el centro de arreglos en Washington en agosto de 2013, la demanda de arbitraje estuvo inactiva hasta abril de este año, que a criterio del fiscal Martínez fue intencional “la dilatación” hasta que se decretaron en el país las medidas cautelares por los cerca de $2 mil millones por parte de los tribunales salvadoreños.
Pero Enel introdujo un informe parcial para revisar cronológicamente el agravamiento del conflicto y la desidia de El Salvador a responder a la legalidad de contrato firmado para el asocio público privado, donde LaGeo, como contraparte de la Central Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, hicieron con el consorcio italiano en 2002.
En esa primera jornada salió a relucir el informe realizado por peritos de la Corte de Cuentas de la República, el que los fiscales no tomaron en cuenta para sostener su persecución penal -abierta en los tribunales salvadoreños contra 18 entre exfuncionarios de gobierno y un exempleado de Enel que trabajó en esa etapa de instauración de la compañía en el país.
Los fiscales según lo difundió este periódico se decantaron por el informe realizado por una empresa fundada por uno de los funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, que elevaba de manera artificial el valor de LaGeo, antes del asocio público privado a principios de la década pasada y así el embargo solicitado se volvió extremadamente alto.
Pero ni el valúo hecho por la empresa fundada por el exministro, ni el realizado por la CCR no son definitivos, el tribunal Ciadi pone a trabajar a otro equipo independiente de especialistas, con la mirada puesta de los dos equipos, demandante y defensa, para tener un dato certeel exmandatario salvadoreño acusando a la compañía de generación de energía geotérmica, la que desde mediados de la gestión presidencial de Antonio Saca, ha reclamado el derecho de invertir más capital y lograr mayoría en el asocio.
A medida trascurrían las horas las posturas se alejaban más y los reclamos y alegatos de ambas partes fueron tomados por los jueces que en algunos momentos deliberaron para conceder o limitar –al momento- algunos elementos que trataban de introducir las partes para reforzar sus posturas.
Enel se mantuvo en la línea que El Salvador, a través del órgano ejecutivo, no ha dado muestras de querer honrar el contrato, desde el año 2007 que empezó el conflicto. La compañía de origen italiano puso el dato también que pagó mucho más de lo que se le solicitó para iniciar operaciones en El Salvador, lo que a su juicio es un indicador de que nunca actuaron de mala fe ni por corrupción; a la vez que mostraron los antecedentes de sus inversiones en otros países latinoamericanos donde no han tenido ninguna dificultad para operar.
La defensa de El Salvador ha sostenido que cada una de los reclamos que está realizando Enel ante el tribunal CIADI, tienen intenciones de evitar que se continúe con los procesos judiciales en el país, que se pretenda obligar a la Asamblea Legislativa a crear una legislación que le favorezca y que se den ordenes a órganos del estado de cómo actuar en beneficio del consorcio, cuya división para América Latina tiene la central en la Ciudad de México.
Sin embargo, los abogados de Enel explicaron a los árbitros y al presidente del tribunal que la campaña de desprestigio de la compañía inicio el 13 de enero de 2013, cuando el gobierno salvadoreño se niega a cumplir el laudo emitido por la Cámara de Comercio Internacional, en París, Francia a favor de la empresa italiana, y el ejecutivo dice que no cederá y luego comenzó “hostigamiento”.
ro.