De acuerdo con un estudio presentado por la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), con el proyecto de ley de impuesto a las operaciones financieras que se incluye en el paquete tributario presentado por el Ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, no se ha tomado en consideración que esto sería “una fuente de recaudación inestable”.
Con el impuesto de 0.25 % que se realizaría a las operaciones financieras que sobrepasen los $750, según lo han destacado los representantes de Abansa, el nivel de transacciones disminuiría y con ello, la recaudación de ese gravamen.
Tal como lo ha reiterado el presidente de la institución, Armando Arias, “los impuestos a las transacciones financieras, alejarán a la población de las instituciones financieras formales para darle paso a un mayor uso de dinero en efectivo y de agiotistas”.
El documento presentado por Abansa, describe que los niveles de tributación tenderán a disminuir con el tiempo, debido al traslado de transacciones fuera del sistema financiero a transferencias en efectivo.
En este sentido, diversos analistas han señalado que este impuesto aparte de provocar lo que llaman “desbancarización”, no permitirá al gobierno tener los ingresos, que prevé el titular del Ministerio de Hacienda, Carlos Cáceres, y que rondarían los $100 millones solo con el gravamen a las transacciones financieras, por el mismo ausentismo que tendrían las entidades del sistema financiero.
Dirección contraria a reactivar economía
Las consecuencias negativas que tendría este impuesto no se verán marcadas solo con la desbancarización que provocaría, sino que también, de acuerdo con el documento, se verán reflejadas en el menor crecimiento de la economía del país.
Con ese nuevo tributo, afirma la Asociación Bancaria, no se logran los objetivos de reactivar la economía, se genera desempleo y además se pone en riesgo la ejecución de proyectos de gran envergadura que el país necesita.
La contracción de la economía, aunque no lo reconozcan los representantes del gobierno, o lo pretenda omitir, se reflejará en menores niveles de inversión.
Nadie estará dispuesto a invertir en un país donde se tiene inseguridad jurídica y además, donde a todo se le quiere tasar impuesto.
Pero el problema no se queda solo en las inversiones que se alejarían, sino que también en el efecto cascada que produciría afectando el bolsillo hasta del más pobre.
Aunque es bajo el lema “los que ganan más, deben pagar más”, lo cierto es que el múltiple volumen de transacciones que se realizan entre diferentes agentes en los procesos de compra, producción, distribución y venta, afectaría los precios de los productos y con ello el poder adquisitivo de la población.
La directora ejecutiva de Abansa, Marcela de Jiménez, explicó que aunque el impuesto tenga un sujeto que pagará directamente el impuesto, esto al final se trasladará a todos. “Las empresas lo pagan pero no quiere decir que haberlo pagado no implica que le aumenten al precio de venta”, indicó.
“Todo lo que compremos estará con precio más alto”, mencionó de Jiménez, lo que provocará que los salvadoreños tengan menor poder adquisitivo, incluso al limitarse a comprar aquellas cosas que más necesiten, concluyó.