La Ley de Estabilidad Jurídica de Colombia (o Ley 963) entró en vigencia en 2006 y Alpina S.A. fue la primera empresa en firmar con el gobierno un contrato que le permitió desarrollar desde entonces un plan de expansión industrial valorado en 25 millones de dólares. En adelante, la aplicación de esta herramienta ha tenido algunas objeciones departe de sectores jurídicos, económicos y académicos, entre ellos, la Universidad del Rosario, que indicó que solo un 25.3 % de las empresas suscritas a la 963 son inversiones provenientes del exterior, mientras el 74.6 % restante son inversiones nacionales que podrían involucrar sectores interesados en protegerse, desnaturalizando el objetivo de la Ley.
No obstante, la misma universidad reconoce en un estudio que la 963 es un instrumento que favorece al país al incrementar los niveles de inversión, la credibilidad del mismo ante la comunidad internacional y nacional, mejora el desarrollo económico y productivo de Colombia.
Jorge Zablah, presidente de Philip Morris en El Salvador, considera que la nueva administración del FMLN podría adaptar al país una versión de la Ley 963 colombiana como una herramienta para atraer inversión extranjera directa, entre otras iniciativas. El empresario comenta a Expansión sus expectativas con el nuevo gobierno respecto a recuperar el crecimiento económico. También conversó sobre el estado de la industria del cigarrillo.
El Gobierno ha mostrado una actitud de acercamiento con el sector privado, pero aún no hay una propuesta para reactivar la economía en conjunto, ¿cómo evalúa usted este contexto?
Hay que enfocarse en lo que hay que hacer para ayudar al país a crecer, reducir la burocracia, reducir tiempos para establecer empresas nuevas y certidumbre jurídica a estas inversiones. Por ejemplo, la ley de Colombia en estabilidad jurídica dice que con ciertos parámetros no se le pueden quitar sus derechos jurídicos a los inversionistas.
¿Y cuál es la diferencia entre lo que ya se da aquí a los inversionistas y lo que da Colombia?
Es un contrato con el Gobierno. Se obliga a cumplir parámetros. Acá no existe esa Ley de Estabilidad Jurídica en el país y debería porque da la seguridad a las empresas que no le van a cambiar las reglas del juego.
Enade propuso crear una zona de desarrollo similar a la de Honduras, en la que se garantiza la seguridad jurídica, ese factor es el gancho de atracción de inversión, ¿cómo lo ve usted?
Yo quiero ser más ambicioso en el sentido de convertir al país entero en una ZEDE, en usar el modelo Hong Kong y el de Holanda, con incentivos para la inversión y para todo el país.
¿Y cuál debería ser el primer paso o señal?
Una señal seria la Ley de Estabilidad jurídica como la de Colombia. También Proesa debe hacer un estudio sobre lo que importa Estados Unidos con arancel alto, ver dónde se fabrican y ver a esos proveedores y proponerles que pongan una planta en El Salvador con ventajas de no pagar impuesto porque tenemos CAFTA y porque estamos cerca del mercado estadounidense.
Yo creo que Óscar Ortiz es hábil y debería ir de presidente de Proesa, rodeado de una junta directiva de empresarios para abrir contactos y atraer inversión al país.
No es lo mismo que un empresario venga a hablar con un señor que sea presidente de Proesa que hablar con el Vicepresidente de la República que tiene más credibilidad respecto al tratamiento que se le va a dar a un inversionista. Esa sería una propuesta concreta que debería hacerse, porque necesitamos inversión extranjera y para eso es necesario dar confianza.
¿Cuáles son las proyecciones que tiene Philip Morris en el mercado local?
La industria de cigarrillos pasa por momentos difíciles y complicados (…) El problema grave es el contrabando. Es grave, porque hay una tasa de 58 % de lo que pagamos es impuesto, de cada dólar, 58 son para el Estado, es el tercero más alto después de Panamá y Costa Rica.
Mientras más alta es la carga impositiva, versus el poder adquisitivo de la gente se vuelve más atractivo el contrabando, porque el margen de ganancia es mayor. En Panamá, el nivel es de 84 %, de cada 100 cigarros, 84 son de contrabando y 10 % en El Salvador. El cigarro de contrabando es de algunas marcas. No es falsificación, sino que ha evolucionado a marcas genéricas que vienen de China, de Paraguay, y de Panamá.
¿Cuánto mercado pierden?
En los 5 años del presidente Funes, el mercado bajó 40 % del volumen total del mercado. Hemos estado básicamente sin crecimiento.
¿Cuál es su cuota de mercado?
Tenemos alrededor de 60 % de mercado con Diplomat y Marlboro.
¿El problema no es fiscal sino el contrabando?
Así es. Tratamos de recuperar las ventas que nos quita el contrabando.