Las ganancias de los fondos de pensiones que ahorran los trabajadores salvadoreños sigue cayendo en picada.
Esta vez, la rentabilidad promedio nominal a marzo de este año cayó hasta 0.70 %, el porcentaje más bajo de ganancias que han tenido los fondos de pensiones desde 2013, cuando tuvo ganancias por el orden de los 6.3 %, según la Superintendencia del Sistema Financiero.
El mes anterior (febrero) la rentabilidad fue de 1.2 %, por lo que comparado con ese mes, las ganancias de los fondos cayeron en 0.51%.
Este porcentaje es el que gana en promedio el dinero de los trabajadores que está depositado en las cuentas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que de acuerdo con las cifras oficiales, acumuló un total de $7,549 millones a marzo de este año.
Según sindicalistas que han recurrido a la Corte Suprema de Justicia, este mínimo porcentaje se debe a la facultad que le dieron al Gobierno de meter mano en las pensiones de los trabajadores ahorrantes del sistema privado a través de la emisión de Certificados de Inversión Previsional (CIP), a cambio de pagar una tasa de interés menor, y la renuencia del mismo Gobierno a hacer los ajustes necesarios.
Esta facultad se le otorgó en el artículo 12, literal C del decreto 98 que creó la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que fue aprobado en septiembre de 2006.
Con esta ley, según el inciso C, por el dinero que el Gobierno preste a las AFP, éste debe pagar la vigente tasa LIBOR (London Interbank Offered Rate) más una sobretasa de 0.75 %.
En 2006 esta tasa de referencia global era en promedio del 5 y 6 %, pero con la crisis financiera internacional, ésta cayó hasta alcanzar tan solo 0.4 % anual.
Notas internacionales de periódicos como The Financial Times, así como la BBC y la agencia de noticias Reuters han escrito sobre la manipulación de esta tasa de interés, sobre todo en el momento de la crisis financiera internacional.
Una tasa tan baja como esa es beneficiosa para el Estado, que no paga mucho interés por los millones que presta, pero es sumamente perjudicial, cuando se trata del dinero de los trabajadores, que requieren de una rentabilidad significativa para garantizar una pensión acorde a necesidades futuras.
Esta rentabilidad también está afectada por la caída de los títulos de deuda soberana, que desmejora cada vez que el país se endeuda.
Y también inciden las limitantes que las AFP tienen para invertir ese dinero en diferentes instrumentos financieros que le garanticen a los trabajadores una mejor ganancia a futuro.
De acuerdo con la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales -surgida bajo la gestión Saca-, las AFP están obligadas a prestarle al Gobierno el 45 % de los fondos de pensiones.
Pero en la práctica, esta cantidad casi se duplica porque las leyes solo le permiten a las AFP invertir en instrumentos locales, la mayoría de ellas estatales, que a su vez, tienen restricciones de porcentajes e instrumentos de inversión. Con esto, el Gobierno tiene en su poder el 83 % de los fondos de pensiones del sistema privado, de una generación de más de 1.8 millones de afiliados, que tienen una cuenta personal en las AFP.
En pocas palabras, los trabajadores le prestan al Gobierno el 83 % de esos $7,500 millones acumulados desde la privatización.
De acuerdo con el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop), la baja rentabilidad ha significado una pérdida de $938 millones si se compara con la tasa de mercado de entre el 6 y 7 % que el Gobierno paga a otros inversionistas que le prestan dinero.
Cambiar las leyes
Buena parte de la solución está en modificar las leyes actuales para garantizar a los ahorrantes de hoy una buena jubilación más adelante.
El diputado de ARENA, Edwin Zamora, ha puesto el ojo en tres alternativas contenidas en la legislación que -según él- con algunas modificaciones podrían ayudar a multiplicar el dinero de los trabajadores.
La primera de ellas es modificar la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales en la que se estipula que el Estado debe pagar con una tasa LIBOR. “Hay que cambiar eso. Porque sino, estamos legalizando un impuesto al dinero de los trabajadores”.
Zamora, así como Asafondos y el Comité de Trabajadores, coincide en que el Gobierno debe pagar a los trabajadores tasas de interés de mercado, como la que paga a otros inversionistas extranjeros y que ahora ronda el 6 y 7 %.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una demanda de inconstitucionalidad por el artículo de este decreto.
La segunda ley que se debería modificar es la del Sistema de Ahorro para Pensiones que por ahora limita a las AFP a invertir en instrumentos financieros de gran rentabilidad. Zamora explica que si el Gobierno permitiera a las AFP invertir este dinero en el exterior o ampliara las opciones a través de financiar obras públicas, la rentabilidad sería mejor.
Ahí entra en juego la importancia de la Ley de Asocios Público Privados, que ya fue aprobada por los legisladores .
Él cree que el Gobierno y la empresa privada deben aliarse a las AFP para buscar el financiamiento de obras importantes como carreteras, puentes, baipás y otros antes que buscar financiamiento externo, que representa más gasto para el Estado.
La tercera y más importante aprobación es la Ley de Fondos de Inversión, que daría a las AFP todas las directrices para invertir este dinero de forma responsable en diferentes instrumentos financieros con gran retorno.
El legislador dice que esta ley ya está discutida y analizada en la Asamblea Legislativa, pero cuando se necesita acordar un dictamen favorable para llevarlo al pleno, la bancada del FMLN presenta una nueva traba y el proyecto se estanca. Lo ideal es que haya consenso para que una iniciativa como esta tenga éxito.