BUENOS AIRES. Argentina pidió ayer a la justicia estadounidense la suspensión temporal de una orden de pagar cientos de millones de dólares a tenedores de bonos impagos, para poder negociar con acreedores que no aceptaron canjes previos y evitar un default.
La solicitud al juez federal Thomas Griesa, que sentenció al país a pagar $1,330 millones a fondos de cobertura con deuda vencida conocidos como “holdouts”, fue presentada luego de que la presidenta argentina Cristina Fernández se mostrara dispuesta a dialogar con esos acreedores.
Después de días de tensión, las palabras de Fernández llevaron a los mercados más esperanzas de que el país logre un acuerdo con los fondos que rechazaron los canjes del 2005 y 2010, empujando a los bonos del país sudamericano a abrir con fuertes alzas en la sesión en la plaza local.
“Un stay (suspensión de la medida) proporcionaría un resguardo (un “paraguas legal”) para que las negociaciones tengan lugar considerando las complejidades legales y financieras inherentes al proceso”, según el escrito presentado por abogados de Argentina a Griesa, difundido por el Gobierno.
Para colaborar en las conversaciones entre Argentina y los acreedores, el juez de distrito de Nueva York designó un asistente especial dijo un funcionario de la corte.
Dentro de una semana, el 30 de junio, el país austral debe realizar en Estados Unidos un pago de su deuda reestructurada, pero el desembolso corre riesgo de ser embargado por la justicia estadounidense si no logra un acuerdo con los “holdouts”.
La medida suspensiva es “esencial (…) para que la República Argentina pueda continuar pagando normalmente a sus bonistas de la reestructuración”, señaló el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof.
El funcionario pidió “que sean condiciones equitativas, que sean condiciones justas y que sean condiciones legales” las que se establezcan para negociar. Las conversaciones entre Argentina y los “holdouts” se aceleraron la semana pasada, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación de la nación sudamericana para evitar el pago de los $1,330 millones.
Argentina se ha resistido por años a pagar la deuda a los que denomina fondos buitres. Su argumento es que resguarda los intereses del 92.4 por ciento de acreedores que aceptaron millonarias quitas de capital sobre una cesación de pagos total de unos $100,000 millones en 2001-2002.
Además, el Gobierno explicó que el pago de la deuda no reestructurada podría disparar reclamos por hasta $15,000 millones. Medios locales informaron que Argentina buscará hacer un pago en efectivo de entre $300 y $400 millones en el corto plazo a los “holdouts” y desembolsar el resto en forma de bonos con vencimientos escalonados a lo largo de años. —Reuters