Polémica y desacuerdos sobre los beneficios de la Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones salieron a relucir ayer, en la discusión de la comisión de economía de la Asamblea Legislativa.
Dicha normativa pretende brindar ciertas garantías fiscales a mediano y largo plazo para los inversionistas.
El parlamentario por el partido Gana, Francis Zablah, fue muy crítico con respecto a los impuestos que controlaría la ley. La normativa establece la creación de Contratos de Estabilidad Jurídica, con los cuales se fijarían los impuestos a grupos de inversionistas, es decir, estarán exentos de cualquier modificación a los mismos.
No obstante, el contrato no aplica a nuevos impuestos que sean creados por el Estado. El texto carecería de utilidad, expresó Zablah, ya que deja abierta la posibilidad de que nuevos gravámenes eliminen el beneficio obtenido mediante los contratos.
Durante su intervención en la comisión, el superintendente de competencia, Francisco Díaz Rodríguez, planteó que la versión actual del texto podría generar desigualdad de oportunidades entre los inversionistas. Primero, señaló, porque los empresarios que ya hayan realizado inversiones no podrán acogerse a los beneficios de la ley.
La segunda observación del superintendente se relacionó a la inversión mínima requerida para solicitar un contrato de estabilidad jurídica. Se debe invertir, al menos, $2 millones en un nuevo proyecto para optar a este beneficio. El funcionario declaró que este monto deja fuera a las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
Contenido de ley
El texto de la normativa establece que los contratos de estabilidad brindarán garantías en cinco ámbitos: carga tributaria en el ámbito nacional, carga tributaria municipal, regímenes aduaneros, libre transferencia de fondos al exterior y trámites migratorios para el inversionista.
La empresa que firme un contrato mantendría las mismas leyes e impuestos, aunque estos cambien durante los 10 o 20 años que dure el acuerdo.
La ley se aplicaría a las inversiones realizadas en los rubros de aeronáutica, agroindustria, acuicultura, electrónica, energía, infraestructura estratégica, logística, servicios de salud, servicios empresariales a distancia, turismo, telecomunicaciones y manufacturas diversas; aunque aún debe discutirse.