La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló que el gobierno deberá cambiar las políticas referentes al uso de Letras del Tesoro (Letes), elaboración del presupuesto y manejo de deuda para alcanzar estabilidad fiscal. Agregó que es importante lograr un acuerdo macroeconómico con metas a cumplir en el mediano plazo.
En un pronunciamiento publicado por Fusades se enumeran algunas propuestas: reducción del techo autorizado para emitir Letes, la elaboración de un presupuesto real que elimine gastos, establecimiento de un marco macroeconómico a través de una ley de responsabilidad fiscal y respaldar los compromisos de mejora mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En cuanto a las Letes, la propuesta se centra en bajar el monto máximo que el Estado tiene para emitir las Letras del Tesoro, actualmente es de $800 millones. Aunque no específica una cantidad, Fusades también propone que se respete el uso de este instrumento consignado en la Constitución. En los últimos años, las Letes, que deben pagarse en períodos de dos años, se han usado para cancelar gasto corriente del gobierno.
El documento también señala que el uso de las Letes se incrementó en el último quinquenio. En el período del expresidente Mauricio Funes se alcanzó el monto máximo en Letes en períodos de tres años o menos, en diciembre de 2012 y en marzo de este año. En el pasado, dicha cifra se alcanzaba en períodos de ocho años, máximo.
El problema de la liquidez se ha agravado, ya que la deuda en Letes se ha convertido a bonos, los cuales deben pagarse en un largo plazo. Aunque esta conversión permite seguir utilizando las Letras para solventar situaciones inmediatas de liquidez, la deuda del estado sigue incrementando.
Mejoras en presupuesto
Los gastos o problemas de liquidez, señaló Fusades, se deben a una mala elaboración del presupuesto general de la nación, “donde se omiten o subestiman gastos y sobrestiman ingresos”, reza el documento. Un punto básico que la fundación incluye entre sus recomendaciones para el nuevo gobierno es la elaboración de presupuestos por resultados.
El referido cálculo permitiría limitar o eliminar aquellos gastos que no cuentan con un financiamiento real.
Consultado por El Diario de Hoy, el economista Rigoberto Monge mencionó tres criterios con los cuales se puede mejorar la elaboración del presupuesto nacional. Para el caso, dijo, que un cálculo demasiado elevado en el crecimiento del PIB, inflación y proyecciones de producción generan presupuestos “inflados” en ingresos.
Monge mencionó como ejemplo que se utiliza una proyección de crecimiento de 2.5 % aproximadamente al realizar el presupuesto. La cifra real cerró el 2013 en 1.9 %, según el Banco Central de Reserva (BCR).
El analista también mencionó que debería utilizarse el informe de ejecución efectiva, el cual se entrega en los primeros meses del año, como insumo para construir el siguiente presupuesto con base a los gastos reales en el ejercicio fiscal anterior.
También mencionó que, además de una elaboración responsable del presupuesto, es necesario contar con una ley de responsabilidad fiscal para contribuir a la disciplina en el tema de gastos. Contribuiría, dice la entidad, a contar con un marco macroeconómico de mediano plazo y prudente. Sin embargo, este tipo de leyes genera puntos encontrados entre diversos analistas.
La semana anterior, la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) afirmó que la propuesta del gobierno establece metas para reducir la deuda pública, pero carece de sanciones o mecanismos de coerción para asegurar su cumplimiento.
Por su parte, el analista económico Manuel Hinds señaló que este tipo de leyes son poco efectivas. Partiendo de la experiencia de la Unión Europea, el principal problema es que una ley de responsabilidad fiscal puede ser modificada, lo cual no asegura un cumplimiento de sus metas. Además, concluyó que el problema “no está en escribir papeles” sino en cumplir las leyes relativas al tema fiscal vigentes en el país.
Rigoberto Monge coincidió con el pronunciamiento de Fusades, valorando como importante crear un acuerdo con compromisos que sean “medibles, verificables y ejecutables”. Sin embargo, a criterio de este analista, la ley de responsabilidad fiscal debería incluir un mayor consenso con diferentes sectores de la sociedad civil para respaldar y velar por el cumplimiento de los compromisos.
Respecto a dicho consenso, el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo en una entrevista televisiva que el nuevo gobierno estará abierto al diálogo. “Hemos escuchados opiniones y recomendaciones y creo que deberán ser tomadas en cuenta”, expresó. — EDH