as propuestas de ley que ANEP presenta hoy en su máximo encuentro anual son positivas en general, aunque algunos puntos ameritan mayor análisis, según opinan expertos consultados por Expansión.
Cuatro de las principales áreas en que la gremial empresarial propone cambios son medio ambiente, aduanas, mercado laboral y pensiones.
Quizá la propuesta de mayor alcance es la de aduanas. El documento Enade 2014 propone separar la administración de las mismas del Ministerio de Hacienda y crear una “Superintendencia de Facilitación del Comercio Exterior”, que contaría con representación de los empresarios.
El objetivo principal es que esta entidad autónoma se concentre en vigilar y facilitar el comercio, en vez de cobrar impuestos, según ha explicado el director ejecutivo de ANEP, Arnoldo Jiménez.
Este modelo funciona en países como Estados Unidos y Guatemala. En este último, una empresa puede retirar sus productos de la aduana tan pronto como en 30 minutos, mientras que en El Salvador tarda desde dos días hasta más de una semana, asegura Jiménez.
La empresa Capri, de Arturo Zablah, es una de las muchas que tratan con aduanas, tanto porque importan materia prima como porque exportan productos terminados, en este caso camas.
“Hay mucho trámite engorroso, hay muchos problemas burocráticos en este aspecto (de aduanas) que entorpecen el comercio exterior”, asegura Zablah, con base en la experiencia de su propia empresa.
Zablah añade que le parece novedosa la propuesta de ANEP de separar la administración de aduanas del Ministerio de Hacienda y trasladarla a una entidad autónoma, porque al hacerlo, las aduanas serían dirigidas “con un enfoque más desarrollista, un enfoque de impulso al comercio exterior”.
El enfoque es la clave
¿Es necesario trasladar la administración de aduanas a otra institución para facilitar el comercio? No necesariamente, opina la analista de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Amy Ángel.
Al comentar los ejemplos de Guatemala y Estados Unidos, Ángel trae a cuenta que “en otros países las administra Hacienda y son eficientes. Es menos importante quizás ese punto y más importante cuál es la línea que se le da a aduanas. Pueden estar dentro de Hacienda, pero si la línea que da el despacho es facilitar el comercio, se facilita el comercio”.
Pero Zablah considera que es más factible conseguir ese objetivo si la institución que administra las aduanas es una diferente a Hacienda, puesto que uno de los objetivos primordiales de dicha cartera es, precisamente, cobrar impuestos, y no facilitar el comercio.
El propósito de agilizar el paso de mercancías por las aduanas es loable, pero tampoco se debe olvidar que una de las tareas que éstas deben cumplir es el cobro de impuestos, añade, por su parte, el abogado Francisco Bertrand Galindo.
A la facilitación del comercio también puede contribuir una nueva Ley de Simplificación de Trámites que luego evolucione en una Ley de Procedimientos Administrativos, añade Ángel.
“Una Ley de Simplificación puede empezar con algunas cosas básicas, por ejemplo, que el gobierno no te puede pedir un documento que ya tiene; por ejemplo, no te puede pedir tu DUI porque ya tiene tu DUI, aunque tal vez es otra institución la que lo tiene”, explica la analista.
El documento de Enade incluye un proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos. La propuesta señala, en uno de sus artículos, que los órganos de la administración pública no podrán exigir, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, requisitos que no se encuentren respaldados por el ordenamiento jurídico.
“En razón de lo expuesto, no será exigible la firma de empleados o funcionarios que dicho ordenamiento no requiera expresamente”, añade la iniciativa.
Esta parte del texto parece dirigirse a evitar una de las fuentes de tramitología y corrupción: la discrecionalidad.
Según el analista de Fusades Pedro Argumedo, cualquier disposición que reduzca o elimine la discrecionalidad es positiva.
Ojo con el “silencio administrativo”
Una figura que ANEP recomienda en su documento de Enade 2014 es el “silencio administrativo positivo”, por ejemplo, en la gestión de permisos de medio ambiente.
La gremial destaca que en consultas a empresarios, estos trámites figuran como un auténtico dolor de cabeza para muchos.
La propuesta consiste en fijar al Ministerio del Medio Ambiente un plazo para que emita los términos de referencia del estudio de impacto ambiental que una empresa debe presentar. Este sería de 60 días contados desde la fecha en la que se presente el formulario correspondiente.
Otro periodo de 60 días corre a partir de la presentación del estudio, para que la cartera lo apruebe o rechace.
Si transcurridos estos dos plazos, Medio Ambiente no resuelve, “se entenderá que aplica el silencio administrativo positivo, lo cual implica que dicha resolución ha sido emitida a favor del titular en el sentido solicitado”, reza la propuesta de ANEP.
Bertrand Galindo observa que el silencio administrativo debe ir acompañado de sanciones para los funcionarios que lo empleen de manera incorrecta. Por ejemplo, un funcionario o unidad puede quedarse de brazos cruzados cuando quiere favorecer al solicitante, aún si éste no cumple con la ley.
El abogado y exministro de Justicia que el silencio administrativo puede resultar útil para agilizar los trámites ante Medio Ambiente y otras instituciones públicas.L