El impuesto de 1.75 % sobre las ventas mensuales de las editoriales terminaría por hundir al sector, que tendría que tomar medidas como el cierre de operaciones, disminución de inversiones, congelamiento de plazas o despidos, comentó ayer la directora editorial de la Universidad José Matías Delgado, Marta Elena Uribe.
Además calificó este como un impuesto que vendría a sentar un obstáculo más a la pobre cultura de lectura que existe en el país.
Silvia de Barraza, vicepresidenta de la Cámara Salvadoreña del Libro, por su parte señala que en nuestra nación apenas existen unas 10 editoriales privadas, es decir que el monto de recaudación tributaria sería mínimo.
Pero la medida terminaría por acabar con las bajas ventas que afecta al sector y con la casi nula cultura de lectura que existe en El Salvador.
“Esto representaría un incremento de 15 a 20 % en el precio de los libros, incluyendo los textos educativos y cartillas”, dice Barraza.
Miguel Treminio también miembro de la Cámara, comentó que en la actualidad la venta de libros ha caído de manera vertiginosa y que esta medida acabaría por reducir aún más las ganancias del sector, al mismo tiempo que fomentaría la piratería. “Lo que necesitamos es que se combata la piratería, pero con este tipo de medidas lo que se hace es fortalecerla”, dijo.
Los miembros de la Cámara Salvadoreña del Libro agregaron que el margen de utilidades de la venta de libros apenas es del 5 % y con el impuesto se reducirían aún más.
Afirman que el margen de rotación para la venta de libros en promedio es de 18 a 24 meses.
Acercamiento con la Asamblea Legislativa
Los representantes de la Cámara ya intentaron un acercamiento con las diferentes fracciones legislativas, y aunque han tocado puertas, únicamente los partidos ARENA, PCN y PDC los han atendido hasta el momento.
Los miembros de los partidos Gana y FMLN no han dado respuesta a su solicitud.
Ante los diputados han solicitado que se respete la excepción de cobro de impuestos al material educativo y producciones que se elaboren con fines de investigación y contenidos editoriales.
Además el 27 de mayo pasado giraron un pronunciamiento y solicitud a la Comisión de Hacienda de la Asamblea, para pedir que el libro se mantenga exento de todos los pagos de impuestos, incluido el de la renta. Argumentando su carácter educativo y cultural, “el objetivo es que los libros que utilizan las familias salvadoreñas y los estudiantes no sufran alza de precios”.
Finalmente, señalaron que existe una confusión con la Ley de Imprenta de hace 50 año que identificaba a la imprenta como editorial, pues actualmente las editoriales pueden tener imprentas o no, ya que la tendencia actual es contratarlas.