Dirigentes gremiales denunciaron que el impuesto a las transacciones, incluido en la reforma fiscal que ha solicitado el Ejecutivo, afectará de forma directa las actividades de las pequeñas y medianas empresas en El Salvador, contrario a lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.
Los costos operativos del sector aumentarían entre un 45 % y 50 %, alertó Ernesto Vilanova, presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes).
Esto se debe a que todas las operaciones diarias se acumularán para realizar el cálculo del impuesto a las operaciones financieras.
Vilanova explicó que las Pymes (pequeña y mediana empresa) son un sector vulnerable pues cuentan con una solvencia económica que en muchos casos solo permite cubrir las operaciones diarias.
“El pequeño empresario vive coyol cortado, coyol comido. Todos los días compra, todos los días vende”, explicó.
Según el artículo 10 del proyecto de la Ley de Impuesto a las Operaciones Financieras, serán sujeto de retención las transacciones acumuladas mensuales que excedan los $5,000, ya sea pagos, depósitos o retiros en efectivo.
Víctor Rodríguez, presidente de Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), opinó que este impuesto a las operaciones acumuladas hace que la ley impacte con más fuerza al sector de pequeños empresarios.
“No es cierto que dicen que no va a impactar en la micro y pequeña empresa, es lo contrario”, comentó Rodríguez.
Este líder gremial dijo estar confuso ante el discurso que mantiene el ejecutivo, de apoyo a la pequeña empresa y las acciones que toma.
“Los políticos no se entiende a lo que juegan… están tomando medidas como si los empresarios todos fueran grandes. Solo se imaginan operaciones desde un escritorio”, comentó.
Otro aspecto en que afectará el impuesto es el precio al consumidor de los productos y servicios.
A criterio del presidente de Conapes este es un “impuesto cascada”. Debido a la limitada liquidez para transacciones diarias y factores como la delincuencia, eventualmente las empresas se verán en la necesidad de trasladar los nuevos costos al precio que ofrecen al consumidor.
“Es una carga tributaria que no podríamos soportar”, comentó Ernesto Vilanova.
Por su parte, el presidente de la SCIS puso el asunto en perspectiva. “En gran volumen no se siente, con un centavo o dos centavos que apliquen al producto final, el gran empresario no pierde”, explicó.
“Esto siempre revierte en un esquema cascada, que uno le incrementa al otro y total que el pueblo paga todas las consecuencias”, comentó Víctor Rodríguez.
Por otro lado, Sonia Jule de Rivera, directora ejecutiva de Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), comentó extrañada la forma en que se presentó la Ley de Impuestos a las Operaciones Financieras.
A criterio de Jule de Rivera, la propuesta de reforma fiscal debió ser discutida en las mesas de negociación que la empresa privada mantuvo con representantes del nuevo gobierno que iniciará funciones en junio.
Con un tono conciliador, la representante de los distribuidores mencionó que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén debería trabajar de la mano con la empresa privada para hacer que la economía camine de nuevo.
El reforma fue presentada a solo semanas de que termine la administración Funes, con el objetivo de “brindar liquidez al nuevo gobierno”. Sobre este punto Víctor Rodríguez, representante de la SCIS, comentó que se trata de una maniobra para que la gestión entrante no absorba el costo político de los impuestos. “Saben que hay un costo político para las elecciones de 2015”.
Sobre este mismo punto Vilanova, expresó sus dudas de que el nuevo gobierno pueda reactivar la economía, debido a la situación que heredará de la gestión Funes, a la cual calificó de “caos”.
Este líder gremial se sumó a las voces que sugieren vías alternas para aumentar la recaudación, entre ellas el combate a la evasión, la integración del sector informal y la retención a actividades relacionadas con el turismo.
El presidente de Conapes se refirió a que el impuesto llegaría en mal momento, aumentando los costos mientras la pequeña empresa sufre el acoso de la delincuencia y las pandillas (ver nota aparte). La aprobación de nuevos impuestos es tema pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa.