El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), dijo ayer mediante un comunicado de prensa que el aumento de la violencia conducirá al país hacia una crisis sin precedentes que ahuyentará las inversiones. Además solicitó al nuevo gobierno, que iniciará el 1 de junio, la aplicación de mejores políticas de seguridad que no incluyan a los actuales mediadores de la tregua entre pandillas.
Al mismo tiempo, lamentó los recientes ataques a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y solicitó una depuración de la institución y mayor inversión en los cuerpos de seguridad.
Conapes explicó en su comunicado que aplauden las intenciones de lanzar una nueva tregua con las pandillas, pero que esta no incluya elementos de la actual tregua que consideró como “fracasada”. Una de ellas es no continuar con los actuales mediadores Raúl Mijango y el arzobispo castrense Fabio Colindres.
También pidió políticas efectivas de seguridad y una adecuada persecución del crimen.
El comunicado se extiende en las solicitudes al próximo gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Pide que el gabinete de Seguridad sea formado con personas altamente calificadas, con responsabilidad para cumplir su papel.
Otra de las peticiones relacionadas al ministerio público es que se acepte la participación de diferentes fuerzas sociales en la búsqueda de soluciones inmediatas para la situación de inseguridad.
Conapes realiza investigaciones trimestrales entre las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La entidad indicó que este año los hechos delincuenciales se han recrudecido, con el agravante de que no hay en marcha un verdadero plan de seguridad nacional. El comunicado menciona que hay un incremento de las extorsiones y la actividad del narcotráfico.
La actividad delincuencial y el mal manejo de la política de seguridad genera una inestabilidad jurídica que, advierte Conapes, llevará al país a una crisis de inversión. “Nadie quiere invertir, ni nadie se arriesga, al convertirse el país en uno de los países más violentos e inseguros del mundo”.
La gremial también denunció lo que considera una complicidad del sistema judicial debido a su incapacidad. “Al dejar en libertad a los delincuentes por mínimas fallas (en los procesos de juicio), desprotegiendo a quienes denuncian, ha generado angustia, temor, preocupación”, expresa el documento.
La delincuencia e inseguridad afecta a muchas pequeñas empresas las cuales en ocasiones se ven obligadas a cerrar al no poder pagar las extorsiones.
Estimar el impacto económico de este flagelo en las pymes es difícil debido a que muchas personas no denuncian por temor y desconfianza en el sistema judicial.
Conapes es una gremial afiliada a la Asociación Nacional de la Empresa Privada.