La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) habría incumplido protocolos de rigor al delegar a un funcionario gerencial a un encuentro mundial de telecomunicaciones y que este firmara un documento clave con miras a que el gobierno controle o intervenga la Internet en 2015.
Así, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, explicaron el protocolo que debió seguirse al delegar en 2012 al gerente de la Siget, Mauricio Herrera, ante la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales y permitir que firmara en nombre del gobierno salvadoreño las modificaciones al Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI).
Según quedó plasmado, el acuerdo fue firmado por El Salvador y otros países de regímenes autoritarios como Venezuela y Cuba, mientras que Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica y Australia se abstuvieron de hacerlo.
Herrera confirmó a El Diario de Hoy que él está consciente de que la representación del país se acredita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero argumenta que él es un técnico y que su participación se basó en otros marcos legales.
Sin embargo, a juicio de las fuentes de Cancillería, el ser funcionario de Siget no implicaría que el funcionario tenga potestad para signar en un encuentro de trascendencia global, celebrado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Fuentes de la Cancillería de la República y abogados consultados indicaron que para participar en un foro de carácter internacional se requiere de una credencial emitida por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.
Ahí se detalla el objeto de la participación y si “suscribirá o no un documento jurídico vinculante”.
“En la acreditación debe ir detallado si tiene o no potestad, pero esto último es solo atribución del titular de la institución o los vicecancilleres, no de funcionarios técnicos o de segundo nivel”, explicó una fuente oficiosa que labora en la sede diplomática salvadoreña.
Por ello Herrera tuvo que, al no estar autorizado, expresar al ex-Superintendente Luis Méndez Menéndez -renunció el lunes anterior- los alcances de la reunión, trasladarle las actas e informes y luego, este último reunirse con el entonces Canciller, Hugo Martínez, para tomar una resolución al respecto, tal y como hicieron países como Costa Rica, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.
“De no estar autorizado, simplemente se expresa que se ha tomado debida nota sobre cada uno de los puntos del encuentro y se comunica luego al Ministerio de Relaciones Exteriores con objeto de ser analizado el instrumento para tomar una decisión de carácter vinculante”, detalló.
Se intentó contactar a la encargada de la Unidad de Tratados Internacionales del Ministerio , Mirna Catalina Borja, para tener una versión institucional sobre el caso pero no respondió las llamadas a su teléfono de la Cancillería.
Por otra parte Herrera confirmó que Internet se encuentra desregulado y que los operadores “están obligados a colaborar con las instituciones de seguridad pública y a entregar información de carácter estadístico”, sin entrar en mayores detalles al respecto.
Al analizar este tema, el abogado Francisco Bertrand Galindo indicó que se requiere del aval del Órgano Legislativo para definir una intervención sobre Internet o para declarar una reserva de ley (excepción), por tratarse de derechos ciudadanos relacionados con el principio de la libertad y el criterio.