Si del marco legal se trata, el Gobierno ya tiene en sus manos varias leyes que le avalan la ejecución de proyectos de inversión en energías renovables y diversificación de la matriz energética.
Por ejemplo, está vigente desde 2007 una Ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables, que promueve el uso de fuentes eólicas, hídricas y solares para reducir el consumo de combustibles fósiles.
La ley da facilidades fiscales a las empresas que apliquen proyectos a base de fuentes renovables. Otorga, por ejemplo, una exención de los impuestos arancelarios de importación, materiales e insumos durante los primeros diez años.
También permite una deducción del impuesto sobre la renta hasta por 10 años para los costos de investigación, exploración y preparación de proyectos generadores de energía eléctrica con base en fuentes renovables de energía.
El país también es firmante del Protocolo de Kioto, que desde 1997 compromete al país a reducir los gases de efecto invernadero, con lo cual motiva a los países a utilizar menos combustibles fósiles que está comprobado dañan el medio ambiente.
En 2010, un año después de creado el Consejo Nacional de Energía (CNE) el Gobierno también lanzó la Política Nacional de Energía, que fue promulgada como la guía por seguir de aquí hasta 2024.
Entre las líneas estratégicas de esta política se puede leer la diversificación de la matriz energética y el fomento de las fuentes renovables en el país, además de una promoción de una cultura de eficiencia y ahorro energético.
Los proyectos de energía a base de fuentes renovables como el parque eólico de Metapán (Santa Ana), la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral y el proyecto fotovoltáico cercano a la Central 15 de Septiembre, establecidos como metas en esta política, también forman parte de los planes de inversión que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) presentó en junio de 2013 que lleva a paso lento y de acuerdo con los tiempos de cada proceso de licitación.
El Gobierno también ha promulgado leyes que incentivan a una mayor eficiencia del recurso energético.
Nada menos el 31 de marzo pasado el Ministro de Economía, Armando Flores, junto al presidente del Consejo Nacional de Energía (CNE) Luis Reyes, presentaron a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley de eficiencia energética, enmarcada dentro de la Política Energética Nacional.
Presionar una diversificación de la matriz energética y educar a la población en el uso de la energía eléctrica que se produce, son los objetivos más básicos de esta ley pues otras motivaciones ya son parte de los objetivos planteados cuando se creó el CNE y la política nacional de energía.
“Este es un nuevo paso en la puesta en marcha de la Política Nacional de Energía. Esta política tiene un componente central como es el cambio de la matriz energética, y así depender menos del petróleo”, dijo ese día Armando Flores, ministro de Economía.
El tema está tan discutido en el país que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) no comprende cómo es que el país no se apresura a implementar proyectos que le den agilidad a la diversificación de la matriz energética y reduzcan cuanto antes el precio de la energía en el país.
Para la industria, el precio de la energía que se produce en el país es uno de los factores que más afectan la competitividad frente a otros países de la región.