La Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) aprobó ayer, por fin, las bases de licitación y el contrato que serán utilizados para convocar a una futura licitación del puerto de La Unión.
Los documentos serán enviados hoy mismo a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) así como a la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA) y a la Unidad Nacional de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de Hacienda para que estas revisen la documentación y la avalen cuanto antes, según confirmó el asesor de la presidencia de la autónoma, Carlos Federico Paredes.
Los documentos que darán el lineamiento para concesionar la infraestructura portuaria se formularon con base en una serie de consultas que CEPA efectuó en varios países del mundo y también sobre las opiniones que virtieron las cuatro empresas que presentaron la documentación para ser precalificadas en el proceso.
Las bases de licitación y contrato establecen, entre otras cosas, que el Puerto estará especializado en el manejo de contenedores, que su concesionario tendrá que hacer una inversión de por lo menos $30 millones en los próximos 10 años y hacer un pago inicial de $1 millón.
Además, en el contrato se dejó claro que será el gobierno el responsable de hacer los trabajos de dragado para limpiar la basura y lodo que se acumula en el canal de acceso al puerto.
Las autoridades esperan que la especialización de la terminal portuaria se dé a medida transcurra el trabajo del puerto pues hasta ahora es el puerto de Acajutla el único que ofrece servicio de contenedores.
Este fue un punto de discusión con el sindicato de Acajutla, pues muchos temen que sus trabajos estén en peligro, cuando el puerto La Unión comience a operar.
Plazos
La aprobación de los documentos estará sujeta al tiempo que cada institución se tome en analizarlos.
Paredes espera que todo esté listo antes de que termine la administración pública de Mauricio Funes. Así, la nueva administración solo tendría la responsabilidad de continuar con el proceso y declarar al ganador del proyecto.
Hasta el momento son cuatro las empresas precalificadas que presentaron documentos para aplicar a la futura licitación.
Las compañías son Saam Puertos S.A. de Chile, Group Maritime TCB, de España; International Container Terminal Services Incorporated, de Filipinas y Bolloré Port and Logistics, de Francia.
Sin embargo, aún hay posibilidad de que otras empresas presenten sus ofertas, toda vez y cuando invoquen los acuerdos comerciales del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o el acuerdo con la Unión Europea.
La concesión del puerto ha sido un proceso a cuentagotas, pues a pesar de que la construcción de la infraestructura fue terminada en 2008, sigue sin operar debido a que el Estado no pudo asumir sus costos.
Solo la ley que habilita la concesión del puerto pasó un año en discusión en la Asamblea Legislativa.
A la fecha se estima que cada día que el puerto pasa sin operar pierde más de 30 mil dólares.
Hasta mayo de 2013 sus gastos fueron de $5.2 millones, que significan $1 millón al mes.