Después de más de 5 años desde que fue construida y terminada la terminal marítima del Puerto de La Unión, esta continúa sin concesionarse, con deudas pendientes por el orden de los $90 millones, genera pérdidas y frenando inversiones en otras áreas de las que se debería encargar la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA.
Según lo aseveró el actual presidente de CEPA, Hugo Barrientos, en una entrevista en un canal de televisión, el puerto de La Unión lejos de convertirse en el Puerto de la Unión Centroamericana, es el “agujero económico” que ha frenado la inversión en el país.
Cada año, la administradora de la terminal marítima debe cargar con los costos operativos, depreciación de esta y la deuda que aún mantiene con Japón por la construcción en 2008.
De acuerdo con los datos del ejecutivo de CEPA, cada año se gastan más de 2 millones de dólares solo en temas de mantenimiento, que se calculan a más de 150 mil dólares desembolsados cada mes para esto.
Barrientos, reconoció que hubo fallas en el diseño de este proyecto y detalló que “el puerto no debió construirse en ese lugar”. “Tener ese costo permanente para mantener el canal en condición de operación es una carga pesada”, mencionó el ejecutivo de CEPA, quien es el tercer presidente en la actual gestión.
Quieren más fondos
La reflexión del exministro de Obras Públicas sobre el diseño y construcción de esta terminal que costó más de 190 millones de dólares, sin duda llega tarde.
Así, después de 5 años desde que la terminal fue entregada para operar, ni siquiera se han llevado a cabo los procesos de licitación para seleccionar a la empresa que la opere y se continúa desembolsando para el pago de la deuda de la cual aún se debe un estimado de 90 millones de dólares al Banco de Japón.
Al tema del costoso mantenimiento se viene a sumar el costo de la deuda en el que se desembolsan más de $8.5 millones anuales, que se cubren con los ingresos que genera la rentabilidad del puerto de Acajutla y el Aeropuerto Internacional de El Salvador.
La deuda de CEPA, no sólo es con Japón, Barrera también reconoció que la entidad le debe al estado $9.5 millones que prestó en 2011, como consecuencia de que la autónoma no pudo solventar el servicio de la deuda (intereses) por la construcción del puerto de La Unión ese año.
Pese a tener deudas acumuladas, la autónoma ha solicitado un refuerzo presupuestario de $15 millones al Ministerio de Hacienda y está gestionando financiamiento al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, para poder refinanciar proyectos que tienen pendientes en la terminal portuaria, como es el caso del dragado y el servicio de remolcadores de buques.
El problema no se resuelve con la concesión
A pesar de que se ha esperado por mucho tiempo que la terminal marítima sea entregada en concesión, para resolver temas de financiamiento, lo cierto es que antes de entregarlo, la entidad tiene compromisos colaterales que debe solucionar.
Por una parte se debe asumir el costo que genera el dragado, ya que debido al poco uso del canal se ha azolvado; y además la autónoma debe proporcionar el servicio de remolcadores de buques que entrarán al canal de acceso.
Cada uno de estos buques, según lo indicó Barrientos, tiene un costo de 7.5 millones de dólares, y se debe contar con al menos dos, para lo cual se requerirá una inversión de $15 millones.
Adicional a esto, CEPA debe comprar una lancha con equipo batimétrico que se estima en un costo de 750 mil dólares, para mantener el control de la profundidad en el canal. Esto debe tenerse antes del funcionamiento del puerto, tal como lo indicó el ejecutivo de CEPA.
“El principal problema es que no tenemos los fondos”, destacó el funcionario.
La entidad deberá decidir, al contar con los fondos pertinentes, cuál será la vía más factible para llevar a cabo el proceso de dragado, que es uno de los temas más urgentes de resolver para poder permitir el ingreso de las embarcaciones al puerto.
Este se puede hacer a través de la compra de una lancha dragadora, por la que deberían esperar hasta 18 meses para que la fabriquen y llegue al país, o contratar los servicios de una empresa especialista que resuelva el problema para poder entregar la concesión.
Bases de licitación aún en fase de aprobación
Hugo Barrientos mencionó que en este momento se tienen aprobadas las bases de licitación por parte de CEPA, pero a la espera de que la Autoridad Marítima Portuaria, AMP, la Unidad Nacional de Adquisiciones y Contrataciones, y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por su siglas en inglés) den el aval y aprobación tanto a las bases, como al proyecto de contrato.
“Una vez tengamos las observaciones y las no objeciones pertinentes se corrijan procedemos a invitar a las empresas a presentar sus ofertas”, indicó Barrientos.
Por el momento hay cuatro empresas interesadas que han precalificado para administrar el puerto y la concesión se espera se realice en menos de un año.