El director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Carlos Cativo, aseguró ayer que la Subdirección Integral de Grandes Contribuyentes no está ejerciendo un acoso fiscal contra las grandes empresas, sino más bien, realizando un monitoreo de todas las actividades que tienen relación con el pago de impuestos.
La semana pasada varias empresas denunciaron que el Ministerio de Hacienda estaba solicitándoles información confidencial como sus inversiones futuras, estrategias de negocios, alianzas estratégicas y hasta información sobre sus rifas y promociones, por lo que consideran que el fisco se está extralimitando en sus atribuciones, con temas no contemplados en el Código Tributario.
Los empresarios temen que estas acciones puedan ser el comienzo de un acoso fiscal y dé información considerada confidencial de cara a otras empresas de su competencia.
Sin embargo, Cativo justificó que no están obligando a las empresas a presentar esta documentación y que solo les comunicaron que están haciendo un monitoreo permanente de sus actividades.
“De ninguna manera los estamos queriendo acosar”, dijo el funcionario, quien agregó que la semana pasada se reunieron con representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) para explicarles muchos contenidos en la circular entregada en los primeros días de marzo a las grandes empresas
“No se está pidiendo información, solo decimos que se está monitoreando”.
Cativo explicó, por ejemplo, que en el caso de las empresas que hacen alianzas o fusiones societarias, ellos deben monitorear ese trabajo porque se manejan acciones que generan ganancias de capital y que deben reportar impuestos.
Al insistirle sobre las repercusiones que las empresas podrían afrontar si deciden no dar esa información, Cativo explicó que las empresas están obligada a dar esa información solo si se inicia un proceso de investigación fiscal contra la empresa.
De acuerdo con juristas y expertos fiscales, las empresas no están obligadas a hacer lo que la ley no les indica, por lo que, al no estar estipulado en el Código Tributario que deben presentar cierta documentación, éstas no deben hacerlo.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), Luis Cardenal, dijo la semana pasada que espera que esta fiscalización no sea el inicio de un acoso fiscal contra las empresas para tratar de obtener más impuestos a través de una mayor fiscalización.
Sin embargo Cativo dijo que, de acuerdo con lo que las mismas empresas le comentaron la semana pasada, muchas están temerosas respecto a la llegada de un nuevo gobierno de izquierda, pasadas las elecciones presidenciales y es por eso que se ha incrementado el temor de una mayor fiscalización.
La ASI también denunció recientemente que la Dirección General de Aduanas también les está solicitando acceso a las cámaras de seguridad en sus instalaciones.
Cativo explicó que esto se está haciendo como una medida de modernización y descentralización de la información en zonas francas consideradas recintos aduanales.
“No es nada injerencista”, dijo el funcionario, quien quiso dejar claro el trabajo de Hacienda y su relación empresarial.
La queja de los empresarios llega en momentos en que el presidente electo Salvador Sánchez Cerén, asegura que a partir del 1 de junio de este año iniciará un diálogo cercano con la empresa privada para garantizar el crecimiento económico del país.
Se reducen grandes contribuyentes
Cativo dijo ayer que el número de empresas evaluadas como “grandes contribuyentes” se ha reducido de 3,800 a tan solo 482 en los últimos años, debido a una depuración que realizó Hacienda desde la creación de la Subdirección para darle un mejor servicio a este grupo.
Este grupo de empresas es el que aporta el 65 % de la tributación en el país por ser los que más retienen IVA y renta.
El resto de empresas se han incluido en el grupo de medianos y pequeños contribuyentes a los que se les da otro tratamiento a la hora de solicitarles la información.
Según Cativo, el Ministerio de Hacienda realiza cada año un constante monitoreo de todas las actividades, revisando un tercio de las empresas e inspeccionado al resto para que en un lapso de tres años, Hacienda haya pasado al menos una vez verificando la documentación.