Nueve de cada diez ciudadanos que tienen sus depósitos en el sistema bancario salvadoreño están respaldados por el Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) en caso de que una de las entidades financieras se declare en quiebra.
Hasta el 31 de diciembre de 2013 los depósitos consolidados garantizados por esta institución ascienden a $2,696.13 millones que equivalen al 26.2 % de todos los depósitos del sistema bancario.
Esto significa que por cada $10 depositados en una cuenta bancaria, $2.6 están garantizados por esta institución, que se suma a una reserva de depósitos del 20 % que exige la ley del sistema financiero y un indicador de liquidez del 31.39 % reportado hasta febrero de este año.
Si la entidad financiera se declarara en quiebra, el IGD tendría que pagar a los depositantes todos sus ahorros toda vez y cuando estos no superen el límite establecido.
La buena noticia es que para este año el límite de la garantía que ofrece el IGD a los depositantes subió a $10,000. En 2013 este límite era solo de $9,800.
Eso significa que si una persona tiene depósitos por $10,000 o menos y su entidad financiera se declara en bancarrota, el IGD puede devolverle esa cantidad íntegra.
De acuerdo con la institución, el 90 % de los depositantes mantienen saldos menores al límite de la garantía por institución miembro.
Al 31 de diciembre de 2013 el fondo de garantía consolidado era de $117.7 millones, una cantidad que, de acuerdo al IGD, con un incremento del 6.7 % respecto a 2013 y una cantidad que alcanza para cubrir 14 de las 20 instituciones miembro, asumiendo que no se presentarían quiebras de forma simultánea.
Eso, en el caso remoto que ocurriera una corrida de depósitos pues de acuerdo con la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) el sistema financiero está totalmente sano y líquido, sin que hasta ahora haya riesgo de que uno de ellos decida salir del país con los ahorros de los salvadoreños.
La última corrida de depósitos registrada en el país se dio en la década de los 80s, cuando el conflicto armado, la nacionalización de la banca y la reforma agraria preocuparon a los salvadoreños y otros inversionistas, que retiraron su dinero de forma masiva.
De acuerdo al informe financiero de Abansa, a febrero de este año los depósitos totalizaron $9,974.7 millones. Esta cifra aumentó en $290.4 millones (3.0 %) respecto a los depósitos a febrero del año pasado.
De estos, el 37.7 % están depositados en cuentas de hasta un año plazo, seguido de los depósitos en cuenta corriente que representan 29.5 % y otro 28.7 % son depósitos en cuentas de ahorro.
De acuerdo al IGD el número de instituciones financieras que están respaldadas en sus depósitos son 11 bancos del sistema financiero y nueve bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.
El economista y expresidente de Abansa, Claudio de Rosa, dice que si bien el 26.2 % de los depósitos es una cantidad que parece mínima para algunas personas, no debe olvidarse que las instituciones financieras del país mantienen una constante supervisión de los bancos y cooperativas y que, además, las actividades financieras del país son tradicionales.
Supervisión
En Estados Unidos, España y otras naciones en las que se desencadenó una crisis financiera desde 2008, la poca supervisión gubernamental así como una actividad financiera de inversiones, abrió la puerta a un descontrol financiero que acabó con una crisis mundial.
Sin embargo, De Rosa explica que en el país, la Superintendencia del Sistema Financiero tiene una constante vigilancia de los bancos. “La banca nacional es muy solvente y está muy capitalizada”, dijo.
Aún así, dijo que esta solvencia no evita que el país siga buscando aumentar ese porcentaje de cobertura de garantía para sus depósitos, para que se mantengan de acuerdo al estándar internacional.
Con base en información de la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos, proporcionada por su Comité Regional de América Latina (CRAL), El Salvador está entre el 35 % de los países de la región latinoamericana donde el límite de la garantía es menor o igual a $10,000.
Por su parte la presidenta del IGD, Ana Graciela Trejo, escribió en su mensaje de informe anual que espera que las condiciones de El Salvador continúen favorables para el desempeño de la actividad bancaria con una tasa de crecimiento económico a niveles similares a los alcanzados en 2013.
También mencionó que espera que las instituciones miembros del Instituto mantengan su dinámica de crecimiento de créditos a través de fuentes estables de fondeo así como sostener la calidad de su cartera y mantener adecuados niveles de capitalización y liquidez.