El Gobierno le planteó al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2013 comprar los ahorros previsionales de 13 mil cotizantes y pensionados del Sistema de Ahorro para Pensiones privado (SAP), como una opción para reducir la deuda previsional, pero el organismo multilateral lo rechazó por considerar que esta medida no resolvería los desequilibrios del sistema de pensiones.
Así está resumido en uno de los apartados de un documento que el organismo elaboró sobre las finanzas públicas y que fue publicado en mayo del año pasado.
“Las autoridades explicaron sus planes de absorber a las cuentas del Gobierno las cuentas de pensiones privadas que reciben beneficios ya establecidos”, refiere el apartado 24 del escrito.
El argumento que el Gobierno expuso fue que esta operación podría reducir la deuda pública para hacerla más comparable con sus países vecinos.
Sin embargo, el organismo rechazó la medida tajantemente. “El personal (del FMI) advirtió fuertemente sobre esta operación, haciendo hincapié en que éste no resolvería los desequilibrios del sistema de pensiones porque la diferencia entre los beneficios y las contribuciones no se reducirían, haciendo menos transparentes las cuentas pasivas (cotizaciones actuales) que en el presente”, indica el documento.
El FMI no detalla a cuántos cotizantes y pensionados pretendía el Gobierno comprar sus ahorros.
Sin embargo, el grupo más favorable para esta adquisición es el integrado por más de 220,000 personas conocidos en la jerga de pensiones como los “optados”, es decir, que habiendo cotizado en el sistema público, con el ISSS y el INPEP, optaron por pasarse al sistema privado y ahorrar en cuentas individuales.
De estos, hay un grupo de 13,000 personas cuyas pensiones se acabarán en el corto y mediano plazo porque no fueron beneficiados con el decreto 100 con el que el Gobierno avaló pensiones de por vida en 2006, cuando se creó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP).
El presidente de la Asociación de Pensionados del Sistema de Ahorros para Pensiones (APSAP) y representante de este grupo de 13,000 personas confirmó a El Diario de Hoy que el Gobierno sí les mencionó la compra de sus ahorros a cambio de otorgarles una pensión vitalicia, aunque no de una manera formal.
“Eso se mencionó, pero nunca se planteó de manera formal. Desconocemos si hay un plan específico para eso”, dijo José Alberto Peralta.
Este y otros pensionados a quienes se les llama “los optados pre FOP” han solicitado al Gobierno y la Asamblea Legislativa que les otorgue una pensión vitalicia o les dé una compensación por la baja rentabilidad que ganan sus pensiones actualmente y que les impiden multiplicar su dinero hacia el futuro.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, asegura que sumarlos a una pensión vitalicia le generaría al Estado un gasto de $538 millones adicionales a los $400 millones en promedio anual que ya se pagan para financiar las pensiones de los jubilados del sistema anterior.
En su momento Cáceres dijo que lo mejor sería derogar el decreto 100 que dio vida a las pensiones vitalicias para reducir el gasto del Gobierno.
Y por el contrario el Gobierno está buscando desde hace meses una alternativa de financiamiento para pagar a más de 100 mil jubilados del ISSS y el INPEP que por ahora se financian con los fondos de los cotizantes privados.
Peralta dijo que la opción de comprar los ahorros de los cotizantes optados fue mencionado en las reuniones con los diputados y también con el Ministerio de Hacienda, con quienes han tenido varios acercamientos para resolver el tema, pero que desde entonces había discrepancias por su viabilidad. “Había un grupo dispuesto a entregarlo, pero ahí las respuestas son divididas entre los cotizantes porque depende de cada caso”, dijo Peralta, quien reconoció que “al final de cuentas es siempre un gasto para el Gobierno”.
En su caso particular, dijo, cree que la decisión de vender sus ahorros al Gobierno pasaría por ver los montos que el Gobierno daría como pensión mensual a cada beneficiario porque de lo contrario “eso podría crear un problema peor”, dijo el ciudadano.
Ruth de Solórzano, presidenta ejecutiva de la Administradora de Fondos de Pensiones AFP Crecer, dijo por su parte que no conoce ninguna propuesta formal sobre las medidas que el Gobierno está estudiando para reducir la deuda previsional, entre ellas, un diagnóstico en el que se ha considerado opciones como aumentar la edad de jubilación, años de cotización e incluso, regresar a un sistema de reparto.
De acuerdo con las cuentas de APSAP hasta diciembre de 2012 el Gobierno les debe solo en pago de intereses perdidos por la baja rentabilidad de sus pensiones un promedio de $700 millones. Otro comité que ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad por el mismo tema asegura que son más de $900 millones los que el Gobierno les adeuda.
Discusión por el tema
Esta alternativa se suma a una serie de opciones que han salido a la luz a lo largo de los últimos meses y que tienen por objeto reducir la creciente deuda previsional y buscar financiamiento para pagar a los más de 100,000 personas del sistema público.
De acuerdo con un diagnóstico solicitado por la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) la deuda previsional del Gobierno asciende a unos $17,000 millones de los cuales se desembolsa un promedio de $400 millones anuales.
El Gobierno mismo ha trabajado en un diagnóstico que presenta varios escenarios para solucionar los problemas del sistema de pensiones público. Entre ellos está regresar a un sistema de reparto, subir años de jubilación y de cotización. Este análisis ya es conocido por los diputados y también serviría como insumo para el equipo de transición del gobierno electo de Salvador Sánchez Cerén, quien ha prometido crear una consulta nacional para discutir el tema y tener la opinión de todos los sectores involucrados.