Mientras el gobierno de El Salvador asegura que existe una reducción en las cifras de inseguridad, empresarios que a diario tienen que lidiar con la realidad del país, opinan lo contrario.
Los resultados de una encuesta elaborada por el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa en El Salvador, Conapes, son una muestra de la agobiante situación que los comerciantes continúan viviendo.
Solo en el sector de las pequeñas y medianas empresas, Pymes, se estima que el pago de las extorsiones, más el costo de protección personal, ascienden a más de 200 millones de dólares anuales.
El delito principal de los municipios “no ha bajado”, según detalla el resultado de la encuesta elaborada en el último trimestre, desde diciembre 2013 a febrero 2014.
De acuerdo con el presidente de Conapes, Ernesto Vilanova, esto demuestra que “el plan de seguridad del gobierno ha fracasado y la situación nacional de inseguridad ha rebasado los limites de tolerancia de la ciudadanía”.
“Se incrementaron las extorsiones, se incrementaron los asaltos, se han incrementado los homicidios; poniéndonos a nosotros en una situación tan grave, y creo que no hay que verlo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la situación que está agobiando a la ciudadanía y al pequeño empresario”, apuntó Vilanova.
Las investigaciones de Conapes, reflejan además que, los robos de mercadería han aumentado y que se ha perdido total confianza en las instituciones de seguridad de El Salvador.
El instrumento de recolección de datos, en el que se tomó como muestra a 585 pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, detalla que más del 84 % de los entrevistados aseguran que el gobierno no ha hecho nada o muy poco para disminuir la delincuencia.
Esto ha provocado además que entre 2 y 3 negocios se cierren al mes por los índices delincuenciales, y muchos buscan la manera de salir del país.
Los sectores más afectados por las extorsiones, robos y homicidios, son la clase media, las Pymes, y en gran medida los empresarios del sector transporte.
Precisamente, los resultados de la investigación, apuntan que los transportistas sufren con mayor crudeza el acoso e impacto de las extorsiones de las pandillas.
Este sector paga entre $500 y $15,000 mensuales para evitar ser víctimas de la violencia que acecha la nación.
“Las investigaciones demuestran que el 75 % de las personas manifiestan que la policía está involucrada en este tipo de situaciones y por lo tanto tienen temor a denunciar, porque saben que corren riesgo no solo la persona que denuncia sino toda su familia”, señaló el presidente de la Sociedad de Comerciantes Industriales Salvadoreños ( SCIS), Víctor Rodríguez.
El tema de la desconfianza en los aparatos de seguridad del Estado, no es la única preocupación que debería tener el gobierno, también la tregua entre pandillas es considerada un engaño y el 100 % de los entrevistados considera que esta no es la solución.
Los empresarios hicieron el llamado al gobierno, para que tome en consideración la falta de credibilidad que generan en la población y busquen soluciones reales y no políticas al problema.