El bajo crecimiento económico, que no permite crear empleos de calidad y que obliga a muchos salvadoreños a trabajar en la informalidad, sigue poniendo en riesgo la cobertura de pensiones para los adultos mayores, según señala un reciente estudio del Banco Mundial, denominado “Más allá de las pensiones contributivas, catorce experiencias en América Latina”, publicado la semana anterior.
De acuerdo a este documento El Salvador aún mantiene una baja cobertura previsional, que deja por fuera a más del 70 % que se convertirán tarde o temprano en ancianos con necesidades.
El informe dice que a pesar de que El Salvador cambió su sistema de pensiones del público al privado en 1998 y de que el Gobierno otorga una Pensión Básica Universal (PBU) de $50 mensuales a personas que nunca cotizaron (sistema no contributivo) la cobertura de pensiones apenas es del 23 %, respecto a la Población Económicamente Activa (PEA).
Por un lado, la cobertura del sistema contributivo (en el que la persona aporta un monto promedio mensual para su futura jubilación a través de una Administradora de Pensiones AFP) se ha estancado en alrededor del 23.6 % desde 1998 hasta 2011 y un 30.7 % de acuerdo a las cifras de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
Y dentro de este sistema, no todos los que están afiliados a una AFP están cotizando.
El informe indica que de cada 100 afiliados solo 27 pagan sus cotizaciones, por lo que al final de su tiempo laboral, muchos no logran obtener una pensión digna.
El dato del último Censo Población realizado en 2007 señaló que solo el 20.5 % de la Población Económicamente Inactiva (PEI) recibe una pensión en el país.
En ese esquema, también se presenta el problema de la rentabilidad o las ganancias de los fondos de pensiones, que no permiten que el dinero de los ahorrantes se multiplique para garantizar una pensión digna en el futuro pues las ganancias apenas obtuvieron una rentabilidad del 2.3 % a diciembre de 2013.
Y por el otro lado, en el caso de las pensiones no contributivas (personas que reciben ayuda estatal porque nunca aportaron a sus pensiones) tampoco ha ayudado a ampliar la cobertura de pensiones.
Según el documento del Banco Mundial, el Gobierno entrega una pensión a más de 28 mil adultos mayores en los municipios más pobres del país. Sin embargo, el organismo no considera que esta sea una pensión “universal”, sino más bien, una ayuda “focalizada”, que no logra incluir a los adultos mayores.
“El análisis muestra que para 2011, la PBU estaría cubriendo el 11.9% de los adultos mayores de 70 años o más en situación de pobreza. Y más bien, el informe lo delimita como una pensión focalizada y no una pensión universal.
Crecimiento y finanzas
Pero incrementar la cobertura previsional no es tan simple como se cree.
Según el documento del organismo, el país debe garantizar a su población una pensión digna a través de una mayor generación de fuentes de empleo, que les permitan acceder a una contribución al sistema de pensiones.
Sin embargo, el desempleo es uno de los principales problemas económicos de los que adolece El Salvador.
La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2012, la tasa de desempleo en el país es del 6.1 % y la de subempleo, del 30.7 %, lo que infiere que muchos de los salvadoreños no tienen un trabajo digno y por tanto, una forma de ahorrar para su futura jubilación.
Este desempleo está ligado estrechamente con el bajo crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años. Solo para 2013, El Salvador apenas crecerá 1.7 %, como mucho.
Además, en los últimos cuatro años la inversión extranjera directa ha sido la más baja de la región centroamericana, por lo que el país no ha generado más empleos.
Ampliar la cobertura también pasa por mantener estables las finanzas del país, sobre todo cuando el Estado es el encargado de asumir la responsabilidad de una pensión básica para más de 28 mil adultos mayores, que por diversas circunstancias no pudieron cotizar a una administradora de pensiones o al sistema público.
En cuanto al sistema no contributivo, por ejemplo, el informe retoma datos de Mesa-Lago, quien en su informe de 2011 indica que una proyección del Ministerio de Hacienda hecha en marzo de 2011 para 2016 señala que: “… el costo combinado de la deuda previsional financiada por el Estado más los Certificados de Inversión Previsional financiados por las AFP, indica que aumentará el 39%, de $792 a $1,061 millones (46% por el Estado y 54% por los CIP).
La deuda previsional crece $400 millones cada año, según las cifras gubernamentales, un gasto que sin duda aprieta las finanzas del país.
Y es en la búsqueda por disminuir esa presión fiscal que el Gobierno está analizando una serie de medidas que podrían aplicarse en un futuro para modificar el sistema.
Reformas a la vista
Sin embargo, las opciones, contenidas en un diagnóstico que ya tienen en sus manos los diputados de la Asamblea Legislativa incluye medidas antipopulares, que se dejaron para después de las elecciones presidenciales.
Entre estas están el incremento en la edad de jubilación así como el monto de la cotización. Se ha analizado, incluso, regresar a un sistema de reparto o sistema público en el que el Gobierno asume todos los gastos.
El problema se agrava cuando los datos contenidos en el informe del Banco Mundial indican que el número de personas que están entrando en la etapa adulta aumentará considerablemente en los próximos años, por lo que será necesario que la población activa entre al sistema de pensiones para garantizarse su bienestar más adelante, cuando tenga que jubilarse.