Jurídicos y exfuncionarios del Ministerio de Hacienda coincidieron ayer en que el Código Tributario no establece en ninguno de sus artículos que las empresas tengan que informar sobre sus inversiones futuras, estrategias de negocios y sus proyectos presentes y futuros, entre otros datos que les están solicitando desde hace unas semanas.
De acuerdo con el exsecretario de asuntos jurídicos de la Presidencia, Francisco Bertrand Galindo, el Ministerio de Hacienda está facultado para pedir su historial tributario, pero no así de sus planes a futuro porque de lo contrario, estaría vulnerando la privacidad de las empresas, que guardan con recelo sus estrategias de negocio frente a su competencia.
Bertrand Galindo también dijo que esta información no puede pedirse de forma obligatoria porque la ley no lo establece. “Nadie puede obligarlo a entregar esta información si no hay un mandato legal”, detalló.
El artículo 173 del Código Tributario detalla una serie de requerimientos que la Administración Tributaria puede hacer a la hora de fiscalizar y controlar a las empresas.
Indica, por ejemplo, que puede requerir los comprobantes fiscales, libros, balances, registros, sistemas, programas y archivos de contabilidad manual, mecánica o computarizada, además de correspondencia comercial y demás documentos emitidos por el investigado o por terceros y que den cuenta de sus operaciones; así como examinar y verificar los mismos.
También puede realizar inspecciones en los locales, establecimientos, bodegas, oficinas y cualquier otro lugar en el que el contribuyente realice sus actividades económicas.
Bertrand Galindo dijo que muchas de estas verificaciones se hacen cuando ya hay una sospecha de que las empresas no están declarando sus impuestos como deben o que están ocultando información, entre otras cosas.
Sin embargo, el artículo no especifica que tenga que entregar información a futuro.
El exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, también confirmó que no se hace este tipo de solicitudes y que, dado que la ley no lo establece explícitamente las empresas no están obligadas a presentar esta documentación.
Sobre el tema el Ministerio de Hacienda informó que este tipo de verificaciones se han estado haciendo en los últimos años y que están sustentadas en las leyes tributarias.
No obstante la institución también informó que en las próximas semanas se estaría convocando a los grandes contribuyentes a una serie de charlas informativas que explicarían la información que se está solicitando y la forma cómo se hará llegar a esa cartera de estado.
Desde el artículo 120 y hasta el artículo 127 del Código Tributario, el legislador estableció una serie de facultades que tiene la Administración Tributaria para obtener información sobre sus estados financieros, proveedores, clientes, acreedores, deudores, accionistas, utilidades y retenciones.
En muchos casos se establece que no se puede justificar secretividad para entregarlos, pero los artículos también dejan claro que estos datos no pueden ser divulgados a terceros.
Según Bertrand Galindo, el Ministerio de Hacienda está en su facultad de solicitar toda la información que requiera para combatir la evasión y la elusión.
Sin embargo aclaró que esta información debe ser solicitada de acuerdo a la ley y no debe menoscabar los derechos de privacidad que toda persona tiene.
La subdirección de grandes contribuyentes se creó en 2012 en el ministerio de Hacienda con el fin de mantener un mejor control de estas empresas, que de acuerdo con los registros de esta institución, aportan más del 60 % de los ingresos tributarios al país.
Desde esa fecha la administración tributaria ha tratado de controlar aún más las declaraciones de estas empresas pues a juicio del ministro Carlos Cáceres, muchas de ellas evaden impuestos.
Sin embargo la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) asegura que estas son las empresas que están más auditadas que ninguna y que, por el contrario, el Gobierno deja de lado a otros sectores informales que no pagan impuestos a pesar que obtienen ganacias.