Cuba buscará atraer más capitales con una nueva ley de inversión extranjera que reduce a la mitad el impuesto sobre las ganancias hasta un 15 por ciento y ofrece ocho años de gracia a la mayoría de los inversores, dijo ayer la prensa oficial.
La Asamblea Nacional se reunirá el sábado para aprobar la nueva ley, con la que el gobierno comunista de la isla pretende reinsertar al país en la economía mundial.
Según el diario oficial Juventud Rebelde, la ley propone agresivas rebajas fiscales y ofrece protección legal para los inversores extranjeros, en general adversos a arriesgar capital en la economía estilo soviético.
Se espera que la Asamblea Nacional apruebe la ley con pocos cambios o sin alteraciones.
Sin embargo las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, incluyendo petróleo, podrían estar sujetas a mayores impuestos sobre utilidades de hasta un 22.5 por ciento, según el acuerdo que negocien con el Estado, dijo Juventud Rebelde.
En base a la actual ley de inversiones extranjeras, vigente desde 1995, todas las exenciones fiscales son negociadas y las compañías extranjeras pagan impuestos sobre las ganancias de un 30 por ciento. Cuba aplica además un impuesto laboral del 20 por ciento, aunque está siendo reducido gradualmente.
La nueva ley “aplicaría (…) un tipo impositivo del 15 por ciento sobre la utilidad neta imponible”. Juventud Rebelde dijo que el resto de las ganancias podrán ser repatriadas.
Los inversores extranjeros tendrán que seguir contratando a sus empleados a través de empresas estatales, una de las mayores quejas de los empresarios.
No obstante, Juventud Rebelde dijo que los intermediarios en la contratación ya no buscarán ganar dinero, lo que sugiere que los trabajadores recibirán más dinero y será más fácil negociar sus salarios.
Cuba está aislada de la inversión de Estados Unidos debido al embargo comercial que le aplica Washington desde poco después de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
La nueva ley de inversión estaba prevista desde 2011, cuando el actual presidente Raúl Castro aprobó un plan de más de 300 reformas económicas que buscan reflotar el socialismo y están orientadas al mercado.
“El Gobierno cubano tiene una importante brecha de credibilidad que superar con los inversionistas extranjeros”, dijo Paul Hare, exembajador británico en Cuba y ahora profesor en la Universidad de Boston.
“Los inversores quieren pruebas, no solo la legislación, que Cuba esté dispuesta a permitir que los inversionistas ganen dinero, contratar a los cubanos que seleccionen y no mover la portería cuando el éxito parezca ser demasiado gratificante”, agregó.
Un impuesto del 20 por ciento sobre el trabajo será eliminado por completo, de acuerdo a la versión del proyecto de ley, publicado por el sitio web Progreso Semanal, basado en Miami.
Hasta la fecha las reformas de 2011 no han dado lugar a un mayor crecimiento. Se espera que el Producto Interno Bruto se desacelere a 2.2 por ciento este año, frente al 2.7 por ciento en 2013.
En El Salvador
Las nuevas políticas son vistas con cautela por economistas salvadoreños.
Rigoberto Monge, experto en comercio exterior, dijo que si bien estas medidas son incentivos importantes para las empresas, no son en sí mismos, la panacea para la atracción de inversiones.
Monge dijo que un inversionista hace una visión integral de un país.
“Es muy importante, pero no es el único factor determinante como para que un inversionista pueda tomar una decisión. El inversionista no solo busca el incentivo fiscal, sino el tener una estabilidad en sus operaciones, seguridad jurídica, que el país donde pueda ubicarse tenga amplias relaciones internacionales, entre otros factores”, indicó el economista.
Lo mismo opinó Guillermo Guido, presidente de la Unión de la Mediana y Pequeña Empresa (Unión Mipyme). “Lo veo interesante, pero no definitivo. Un inversionista no solo ve la parte fiscal, sino también la parte política y la seguridad jurídica de un país”, mencionó.
Para ambos, medidas como estas podrían ayudar a atraer inversión a El Salvador, pero coinciden en que el Gobierno electo de Salvador Sánchez Cerén tendrá, primero, que mejorar su relación con la empresa privada y luego ofrecerles seguridad.
Y es precisamente la confianza la que la empresa privada considera que se ha debilitado en los últimos años en El Salvador. No solo han achacado el constante enfrentamiento entre el Gobierno de Mauricio Funes y la empresa privada, sino además, las reducción en las calificaciones de riesgo país, el alza de impuestos y otras políticas que los empresarios consideran un desincentivo para los inversionistas extranjeros.
Guido mencionó, por ejemplo, que en los últimos años la administración Funes sacó a la empresa privada de la representación de 19 entidades autónomas, lo que generó un malestar en el gremio y generó desconfianza en el empresariado.