Las gremiales industriales ASI, Camtex, Coexport y AmCham culparon ayer al presidente de la República, Mauricio Funes, de ser el responsable de la falta de inversión en el país debido a “su constante e innecesaria confrontación con los empresarios y su falta de respeto por la institucionalidad y el Estado de Derecho”.
A través de un campo pagado, y en conferencia de prensa, los representantes de estas asociaciones afirmaron que la sola acusación que ha hecho el mandatario contra 10 empresas de la industria textil por el manejo de un fideicomiso, ya está alejando en la última semana la inversión de empresas internacionales interesas en trabajar en el país.
Una de las compañías, denunciadas por Funes, tuvo que retirar una inversión de $20 millones con la que había planeado una expansión de sus instalaciones y tuvo que utilizarlos para comprar acciones en la bolsa de valores, luego que las acciones propias comenzaran a perder valor tras los comentarios del mandatario, aseguró José Antonio Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex).
Otras empresas de la industria textil también están considerando cambiar sus plantas a otro país vecino, pues con la acusación que ha hecho Funes, consideran que “aún haciendo las cosas bien, en este país se les trata mal”, mencionó Escobar.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Arnoldo Jiménez, dijo que conocía varias empresas que están considerando cambiar sus sedes por la inseguridad jurídica que presenta El Salvador.
“Sé que hay varias empresas de la industria que quieren irse porque no ven una seguridad jurídica en el país”, mencionó.
Y es que, a pocos días de que termine la campaña política para una segunda ronda de elecciones presidenciales, el presidente Funes acusó a algunas compañías industriales de haberse beneficiado con un Fideicomiso especial para la creación de empleos sin cumplir los requisitos, pese a que se le entregaba a las empresas como incentivo para crear empleo. El fideicomiso sumaba $20 millones.
En su acusación el Presidente involucró a la diputada del partido ARENA, Ana Vilma de Escobar, como una de las responsables del manejo del fideicomiso cuando fungió como vicepresidenta de la República, al tiempo que era la encargada de la atracción de negocios en la Oficina de Atracción de Inversión y Exportaciones (Proesa).
Rechazan la política
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (Amcham), que representan a importantes empresas nacionales e internacionales establecidas en el país, rechazaron categóricamente las acusaciones del mandatario y le pidieron que no los involucre en política.
“No queremos que politicen el trabajo de estas empresas. Si hay investigaciones, que las efectúen, pero que no lo hagan con estas declaraciones mediáticas. Se debe investigar, pero las empresas no deben desprestigiarse ni difamarse”, dijo Javier Simán, presidente de la ASI.
A través de un comunicado, los industriales hicieron un llamado al presidente Funes para que “respete la imparcialidad de los inversionistas extranjeros” y que busque un clima de confianza y respeto que permita atraer, en vez de seguir alejando, mayores inversiones y más empleo.
“Esto es puramente campaña electoral”, agregó el empresario, quien salió en defensa de las empresas señaladas por Funes. “No podemos, por un momento político, venir a contaminar a las empresas”, dijo Escobar. “Si metemos a todos en un mismo concepto, los hacemos parecer a todos como delincuentes y eso no es cierto”, agregó.
Y con datos en mano, las gremiales defendieron el trabajo que han hecho hasta hoy las empresas señaladas. De acuerdo con sus estadísticas, dichas empresas recibieron dinero del Fecepe y se comprometieron, inicialmente, a invertir $77 millones, pero al final, las compañías invirtieron más de $390 millones.
Con estos fondos crearon más de 13,000 empleos directos y lograron exportar más de $700 millones cada año, y pagaron $246 millones en salarios a sus empleados.
“Esta es la verdadera fábrica de empleos”, dijo Escobar.
Los ejecutivos coincidieron en que con este Fideicomiso se logró un desarrollo en la cadena de suministros que ha generado no una maquila, sino más bien un cluster integrado que ha permitido alcanzar mejores oportunidades y más competitividad frente a otras compañías mundiales.
El fideicomiso apoyó a empresas del sector textil y confección entre 2005 y 2009. Con este incentivo el país logró atraer a 61 empresas que se establecieron en el país entre 2005 y 2011.
Sin embargo, Escobar dijo que si bien las compañías involucradas han sufrido perjuicios a su reputación y trabas en sus inversiones, estas no están interesadas en presentar demandas por difamación o de otro tipo pues no quieren seguir el juego político que ha creado Funes y su gobierno. “Las empresas lo que quieren es trabajar, invertir, seguir generando más empleos”, puntualizó.
“Pero lo que queremos es que nos dejen reglas claras, que no vengan a poner basura”, recalcó.
Racha de mala relación
La empresa privada y el Gobierno no han sido los mejores amigos en los últimos años.
Los datos oficiales confirman que el año pasado el país apenas captó $287 millones en Inversión Extranjera Directa, el menor capital respecto a las inversiones de más de $1,000 millones que recibieron países como Honduras y Nicaragua.
Desde 2009, la empresa privada y el Gobierno han mantenido una constante lucha por entenderse, pero a juicio de Jiménez, sigue pesando la inseguridad jurídica, la falta de reglas claras y el irrespeto a las leyes.
Jiménez no dudó en asegurar que si El Salvador adoptara un modelo de izquierda, similar al de Venezuela, en el que no hay diálogo con la empresa privada, muchas de las empresas del país se irán y con ellas, miles de fuentes de empleo que tanto costó crear en años anteriores.
La inseguridad, el cambio de leyes, las modificaciones imprevistas, la eliminación de la representación de la empresa privada en instituciones autónomas, la burocracia y los costos de energía han sido los constantes problemas de la empresa privada, que tras cinco años de gestión, lejos de reducirse, han aumentado el descontento empresarial.
El informe del IV trimestre de 2013 de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) con base en datos oficiales del Banco Central de Reserva reveló que desde 2009, empresas nacionales y extranjeras han sacado aproximadamente $1,127 millones de capital cada año, que han invertido en otras naciones con condiciones más favorables y mejor seguridad jurídica.