Al sector empresarial del país resulta preocupante que el gobierno salvadoreño tenga lista un propuesta de reforma a las pensiones sin que nadie la conozca.
El documento titulado “Sistema Previsional de El Salvador, Diagnóstico y Propuesta de Reserva”, al cual tuvo acceso El Diario de Hoy, no es conocido por las gremiales de empresarios, ni mucho menos aquellas relacionadas al sector de pensiones.
El gobierno, según el documento, pretende elevar en tres años la edad legal de jubilación, que pasarán de los 55 a los 58 años en las mujeres y de 60 a 63 en los hombres; aumentar las tasas de cotización del 13 % al 15 %; y mantener el parámetro del cálculo del monto de pensión, entre otros aspectos.
Sin embargo, los principales jugadores de las pensiones: los empleados y empleadores desconocen el contenido del documento. No han sido consultados.
La forma inconsulta , y casi secreta, en que se ha elaborado el documento, es un hecho preocupante, afirmó ayer Javier Simán , presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Al respecto, Pablo Durán, presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), reconoce que las pensiones son un tema de país, y que uno u otro gobierno tendrán que resolverlo. Sin embargo, lo ideal es que sea con la participación de todos los sectores, para tener la oportunidad de brindar recomendaciones.
En esa misma visión, Rigoberto Monge, representante del sector privado, también cree que el país debe tomar una medida orientada a reformar el sistema de pensiones, pero eso debe tener el menor impacto posible en los actores que participan del mismo, es decir, los trabajadores.
En ese sentido, Monge sostiene que la propuesta de reforma debería se presente en forma transparente, ampliamente consultado e implementado en forma gradual para disminuir los impactos en la población.
Solo así se podría obtener medidas que no perjudiquen tan drásticamente a los trabajadores y que contribuyan a reducir el déficit fiscal y la carga previsional, que hoy día supera los $450 millones.
Para Simán, parte del problema de las pensiones es que el gobierno “ha metido mano” en el ahorro de los trabajadores para invertirlos en instrumentos de deuda del Estado.
“Básicamente está usando el fondo de nuestros trabajadores, quienes son los que deberían conocer los detalles de las reformas, al igual que los empleadores”, comentó.
Por ello, considera que antes de comenzar a reformar los beneficios de los empleados, el gobierno no debería seguir “metiendo mano” en los fondos, que significan el ahorro que les permitirá gozar de un retiro digno. Y si lo hace, debería de pagar los mismos intereses del mercado.
Actualmente, la tasa de interés que se pagan son muy bajos (apenas una tasa máxima de 1.37 %), lo cual no genera la suficiente rentabilidad para que el fondo de pensiones crezca, y que así el gobierno pudiera hacerle frente a la deuda.
Para el sector privado también resulta preocupante que se baraje la posibilidad de regresar al sistema antiguo, basado en reparto. A juicio de Monge, el grave problema de las pensiones que tiene el país se deriva precisamente de ese sistema, pues fue mal administrado y hasta se irrespetó porque los fondos fueron utilizados para otros menesteres.
Al respecto, Simán dice que plantear la posibilidad de un regreso al viejo sistema significa que no se conoce sobre el fondo de pensiones, pues precisamente fue ahí donde se generó el déficit, ya que los gobiernos ofrecían más beneficios que lo que obtenían por las aportaciones. Cuando se pasó al nuevo sistema, el compromiso del pago de esa deuda le quedó al gobierno.
Para Simán, adoptar el viejo sistema, le daría más margen al gobierno de jugar con el dinero de los trabajadores.