El gabinete financiero desmintió ayer, a través de un campo pagado en algunos medios de comunicación, que tenga preparada una propuesta de reforma al sistema de pensiones, argumentando que solo existe un diagnóstico, pese a que ese documento se denomina “Sistema previsional de El Salvador: diagnóstico y propuesta de reforma”.
El comunicado fue una reacción a una publicación de El Diario de Hoy, el pasado sábado, en la que se indicaba que algunos hallazgos de ese estudio planteaban elevar la tasa de cotización, subir la edad de retiro, e incluso, se mencionaba volver al antiguo sistema de reparto (ISSS e INPEP).
Hace un par de semanas, el presidente Funes subrayó que el proyecto “está en su despacho” y trasladó la responsabilidad a los diputados, quienes desde diciembre se reúnen en privado con funcionarios de Hacienda pero que, a juicio de Funes, no tienen interés de discutir los temas de pensiones y deuda.
La misma posición se había mencionado, en la sesión plenaria solemne el 1 de junio de 2013, cuando el presidente Funes confirmó que la mitad de la deuda pública se relaciona con las pensiones y que ya tenía listo un cambio para el sistema de pensiones, que actualmente está segregado entre el sistema (antiguo) de reparto y el de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Allí, el mandatario detalló que informaría en “los próximos días” sobre los resultados del estudio y que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, llegaría a la Asamblea Legislativa para detallar y sugerir una propuesta, a consideración de los diputados, aspectos aún pendientes por parte del Gobierno.
“Un tema conflictivo que debemos resolver entre todos es el de la deuda previsional (…) fue una decisión errónea que debemos afrontar con urgencia y tenemos que promover un cambio en este sistema, porque es un monstruo que no deja de crecer”, comparó Funes.
Sin embargo, el campo pagado del Banco Central de Reserva (BCR), Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y Hacienda desmiente las posiciones del dignatario y además indica que es “completamente falso” que exista una propuesta y que solo se ha avanzado en un diagnóstico que está “en proceso”.
Una fuente vinculada al sector indicó que Funes, Cáceres y el equipo técnico al respecto están esperando que se desarrolle la segunda vuelta electoral para empujar el anteproyecto de reforma, ya que la estrategia es que un eventual segundo gobierno del FMLN no reciba el costo político de esta decisión, sino que el presidente.
Desde el punto de vista fiscal, más allá de elevar la tasa de cotización (del 13.5 % al 15 %) y la edad de jubilación en tres años, derogar los beneficios del decreto 100 permitirá hacer un recorte fiscal considerable, convirtiendo esta en la medida central de la reforma porque buscaría recortar los beneficios a los que optaron por el sistema de AFP aun cuando tiene iguales derechos que los que se quedaron en el sistema de reparto, al cual se menciona la posibilidad de retornar.
Ante estas posibilidades, varios dirigentes de los partidos políticos, a excepción del FMLN, expresaron que no están de acuerdo con las medidas, por considerar que afectan de forma directa la capitalización individual, es decir, el dinero de los afiliados a las AFP e incluso indicaron que podría ir en contra de los derechos contemplados para los ciudadanos en la Constitución de la República. (Ver nota aparte).
Mientras tanto, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) pidió, en un comunicado, que la eventual reforma se formule con fundamento técnico y amplia participación de diferentes sectores, porque es necesario “incrementar la cobertura, incentivar el crecimiento de los ahorros y crear más oportunidades de inversión para mejorar la rentabilidad”, puntualiza el escrito.
No obstante, hay que recordar que durante la gestión Funes la decisión de elevar la pensión mínima de $143.64 a $207 mensuales, ponen más presión al peso que ya tenían los decretos 1217, 100 y el recálculo, pues han generado un impacto de $13,796 millones sobre los ahorros de 1.4 millones de afiliados a las AFP.
Hay que recordar que el decreto 100 concede el beneficio de pensión vitalicia (el mismo monto de pensión hasta su fallecimiento y los beneficios a esposas e hijos) como si se regresara al sistema que operó el Seguro Social o el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) a un grupo de más de 130 mil beneficiarios “optados” que reclamará derecho en los próximos años.
Al aprobar una parte de la reforma, si un trabajador se retira con una pensión estimada de $550 por mes, cuando se agote su saldo, pasará a recibir pensión de $207 por mes, lo cual demuestra el desequilibrio que se generará, si no se opta por un sistema multipilar o se vuelve al sistema de reparto, en el peor de los escenarios. También cabe destacar que el estudio no profundiza en buscar alternativas para elevar la rentabilidad del fondo de pensiones. Lo cierto es que se desconoce una fecha para presentar el anteproyecto en el Órgano Legislativo, pero su discusión prevé un fuerte debate.