Entre el calor sofocante del departamento de San Miguel, el punto donde El Salvador tiene de frente a Honduras es el plantel de obras de la presa El Chaparral, un megaproyecto de 220 millones de dólares que ha quedado tirado a su suerte, sin evidentes señales del rescate.
Poco se sabe de lo qué ocurrirá allí, pese a que el gobierno afirmó tener listo un nuevo diseño elaborado por la firma brasileña Intertechne y que en enero cerró el período de precalificación para adjudicar la continuación de la central, tan polémica y discutida.
Pese a que el proyecto fue abandonado sin concluir, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) le pagó a la empresa Astaldi SpA una indemnización de $108 millones, casi el equivalente a la mitad de la obra.
La excusa entonces fue que “la montaña se movió” y que habría sido más caro ir a un arbitraje (juicio) contra la empresa, aunque documentos de la supervisión de la obra confirman que el suelo es inadecuado y que no se siguieron procedimientos para reforzar la construcción.
Aunque CEL no atendió las solicitudes de entrevista de El Diario de Hoy para hablar sobre el tema, la semana pasada se constató en el lugar que la firma de ingeniería Intertechne ya concluyó los trabajos del nuevo diseño y realizó varias modificaciones, incluso las del estimado de medición del embalse, el cual inundaría algunas comunidades aledañas y afectará a los propietarios de varios terrenos que aún no le venden a la CEL.
Asimismo, otras fuentes conocedoras del tema afirmaron que en una reunión de Junta Directiva de la autónoma el pasado noviembre, la firma brasileña presentó el documento técnico y la propuesta para seguir con la obra, pese a los problemas detectados en el lugar, sobre todo en el dique donde se cimentaría una parte de la presa. Pero en dicho encuentro CEL no definió que hará con el nuevo diseño, el cual le costó al país $5.8 millones.
Un equipo de El Diario de Hoy verificó que sobre el margen derecho hay unas pequeñas estructuras de concreto que sellaron las excavaciones y sondeos. Estas tienen una placa metálica con fecha de conclusión del 23 de septiembre de 2013 y detalla que la profundidad de la montaña es 110 metros antes de encontrar agua y otros elementos que reflejan datos geológicos del lugar.
Según personas cercanas al área de ingeniería de CEL, el dique donde se asienta una montaña de más de 150 metros de altura recibió una inyección de lechada de concreto para buscar “solucionar e hipermeabilizar” el problema, algo que refuerza la conclusión a la que llegó el asocio que supervisó el proyecto, y que confirmó que desde la etapa de licitación se conocían “las malas condiciones del margen derecha”.
“Se inyectará concreto y otros materiales a la montaña para fortalecerla, ya que se han encontrado algunos puntos donde hay filtraciones. Pero es algo controlable”, puntualizó en agosto de 2013 el gerente del proyecto, Rodolfo Cáceres.
De forma tajante, el informe que prepararon las firmas Euroestudios e Ingetec para CEL determinó que la situación geológica y geotécnica del margen derecha es “extremadamente complicada y desfavorable”.
“Las estructuras que se proyecten construir en este sector deberán estudiarse cuidadosamente, sabiendo que las propiedades de resistencia y deformabilidad no son las mejores”, valora el documento consultado.
Incluso dice que supuestamente se sabía de la situación geológica, por lo que una presa de Concreto Compactado con Rodillo (CCR) podría ser inviable en la zona.
Todo esto refleja como Intertechne realizó trabajos de rediseño que buscaban “solucionar” el problema del primer diseño básico, algo que genera la duda de si CEL licitará finalmente la continuación de la construcción de la obra o aceptará que el lugar no es adecuado, tomando en cuenta que la firma estadounidense Harza hizo el estudio de prefactibilidad entre 1997 y 1999 y planteó otros seis lugares para construir un proyecto hidroeléctrico, siempre en el río Torola.
Sin embargo, en la actualidad, el presidente Mauricio Funes dijo a través de su programa radial que cinco empresas participaron del proceso de precalificación, que concluyó el pasado 31 de enero, sin revelar nombres de firmas, e insistió en que antes de que finalice su mandato “la presa iniciará su construcción”, en teoria bajo la modalidad de precios unitarios y sumas globales.
Mientras tanto el presidente de CEL, Leopoldo Samour, afirmó en agosto de 2013 que con diferentes geólogos se constató que “la montaña no tenía el problema especulado” cuando desde la administración anterior se dijo que “la montaña se había movido”, frenando así el curso de la construcción de la megaobra de ingeniería.
Al final, la justificación para el pago de indemnización a Astaldi SpA fue que “surgieron imprevistos imprevisibles”.
En la misma supervisión se subraya como nunca se hizo un análisis de suelos posterior, por lo que se llegó a la conclusión de que la montaña es un macizo rocoso “muy fracturado y descomprimido” con alta permeabilidad, condiciones que no necesariamente responden a las idóneas para una central hidroeléctrica.
A todo esto los lugareños de las comunidades aledañas, sobre todo los caseríos El Cerrito y Soledad Terrero, recuerdan cómo CEL y Astaldi SpA “destruyeron” la montaña, usando dinamita y otros materiales para tener un ancho acorde a los planes del diseño básico, que también realizó Intertechne.
Mientras tanto, el principal testigo de la depreciación es el río Torola, que paradójicamente tendría que ser la fuerza de la naturaleza para la generación de 66 Megavatios (MW) de energía. Pero hoy la casa de maquinas es solo un millonario hoyo que se deprime, aunque la empresa italiana Astaldi SpA mantiene maquinaria en el plantel.
Por el momento la información sigue “reservada” hasta 2019 y continúan los altos precios en la energía en contra de los intereses de lo salvadoreños, con el agravante de que decenas de millones de dólares corren el riesgo de perderse en el enorme agujero llamado El Chaparral.