El decreto que suspendía por 180 días el cobro de $18 por inspección no intrusiva a operaciones de importación o exportación fue vetado por el presidente de la República, Mauricio Funes, argumentado “inconstitucionalidad” en la facultad de la Asamblea Legislativa de “interpretar auténticamente”, tal y como lo solicitaron diversos sectores involucrados en el comercio y la industria.
Sin embargo, según la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), la decisión obedece a la necesidad del gobierno de mantener ingresos para pagar al asocio Cotecna-Smith, quien ganó una concesión sin competidores para un plazo de 10 años.
Por ello Pablo Durán, presidente de dicha gremial, consideró que el veto no permite superar los obstáculos al comercio y recordó que en las últimas semanas los sistemas de aduanas siguen experimentando fallas informáticas, igual que el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX).
“No hay duda que se le quiere pagar a la empresa que opera el sistema de rayos X sacrificando la competitividad del país y los procesos. Es una mala decisión y afectará al sector a largo plazo”, detalló Durán.
En este sentido el respaldo jurídico del veto de Funes es, a juicio del líder gremial, ambiguo y no valora aspectos técnicos y operativos de las aduanas.
“Funes dice que es inconstitucional la interpretación auténtica. Entonces amerita revisar todo el proceso de concesión, si es o no legal dar una licitación sin competidor”, valoró Durán.
Mientras tanto el diputado de la oposición, Roberto d’Aubuisson, calificó como “una aberración” el veto e insistió en que la inconstitucionalidad está en el argumento de rechazar la medida.
“No es valido decir que es inconstitucional, no es una atribución que le corresponde”, recalcó el legislador.
En el veto, Funes indica que los diputados se extralimitan en sus facultades al pretender interpretar “auténticamente” el decreto y que se debe de hacer una reforma de ley para que las operaciones de importación y exportación queden excluidas.
Coexport informó el martes que con los cierres fronterizos que se presentaron en enero las perdidas del sector exportador ascendieron a $50 millones, lo cual representa una baja en la proyección anual de hasta un 10 % debido a contratos de venta anulados y mercaderías que perdieron su valor.
“Las aduanas deben de mejorarse antes de estar cobrando. Nuestros agremiados tienen todas las semanas problemas para ingresar o exportar mercadería porque no existe una voluntad real de mejorar en este aspecto”, simplificó Durán.
La interpretación auténtica se generó porque la redacción del decreto transitorio generó interpretaciones encontradas del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Aduanas (quienes entendieron que la exención aplicaba solo a la mercancía que va de paso por el país) con los empresarios exportadores e importadores.
Se debe recordar que en 2012, la participación del sector exportador en el Producto Interno Bruto (PIB) fue del 24.5 % y para 2014 los exportadores aspiran a tener una participación de 27.5 %.
Por ende se vuelve importante, según Durán, mejorar los procesos, sobre todo porque Guatemala y Honduras ya definieron una aduana conjunta para evitar pasar por el país en un claro mensaje de como El Salvador con estas decisiones viola acuerdos con el CA-4, el cual define el libre tránsito de mercancías y personas.
Se espera que el decreto vuelva a la Asamblea Legislativa en estos días para su discusión y su reformulación con lo que consideró Funes.