La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) considera que los 180 días de suspensión del cobro de $18, por la inspección de la mercancía que ingresa y sale de las fronteras salvadoreñas, servirán para que el Gobierno acepte que el sistema no es conveniente para el país.
La gremial sostiene, además, que ese periodo permitirá que las autoridades salvadoreñas acepten que el cobro de esa tasa (por las inspecciones no intrusivas) viola marcos de integración económica.
Para Jorge Daboub, presidente de la ANEP, los inconvenientes del nuevo sistema no se limitan al cobro de $18, ya que refleja que El Salvador se queda atrás de los países que quieren facilitar el comercio.
“Sabemos que esa es la visión que debemos seguir los países centroamericanos para lograr mejores resultados en el comercio internacional. Pero esa no es la visión de nuestro Gobierno”, afirmó.
Para la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), la decisión adoptada ayer por los legisladores es muy importante porque marca el inicio del fin de la crisis, de manera que las aduanas comiencen a funcionar más ágilmente.
Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI, dijo que si bien es un paso importante, también da la pauta para trabajar en coordinación para que el sistema funcione en forma adecuada para todos.
Mientras eso se acordaba en la ciudad capital, en las fronteras la situación comenzó a calmarse y los transportistas comenzaron a liberar el paso por las fronteras, iniciando con El Amatillo.
Sin embargo, en horas de la tarde trascendió que en dichas zonas el decreto transitorio aprobado por los legisladores había generado confusión.
Todo fue por una propuesta de decreto que dieron a conocer más temprano los diputados, en donde al principio se decía que no pagarían los transporte en tránsito, sino sólo los que venían a El Salvador pero, posteriormente, se supo que el decreto final exoneraba a todos tipo de tránsito.
De hecho, la Asociación Salvadoreña de Empresarios del Transporte de Cargo (ASETCA) emitió un comunicado que explicaba que “el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa con las disposiciones excepcionales y transitorias a la Ley de Simplificación Aduanera, manifiesta que: “En los casos de los tránsitos internacionales de mercancías cuya aduana de partida y destino están fuera de nuestro país, queda suspendido el cobro por un plazo de hasta 180 días”.
Igual confusión experimentó inicialmente Raúl Alfaro, presidente de la Asociación Salvadoreña de Transportistas Internacionales de Carga (Astic).
Pese a esta confusión, los empresarios de carga esperaban que todos los furgones que se encuentran en dicho punto fronterizo hayan desalojado mañana sábado las instalaciones aduaneras.